El gobierno de México reconoció este miércoles la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en Estados Unidos, que ordenó retirar antes del próximo 15 de septiembre la barrera de boyas colocadas dentro del río Bravo, en la frontera entre ambos países, con el objetivo de impedir el paso de migrantes.
A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señalaron que se mantendrán atentos de que se respete el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y los derechos humanos en el área de Eagle Pass, que colinda con la ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila.
“Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida; así como la importancia de respetar el Tratado Bilateral de 1944 y salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes”
Y es que este 6 de septiembre el juez federal del distrito oeste de Texas, David Ezra, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río Bravo.
Además, reprendió al gobierno estatal, encabezado por el republicano Greg Abbott, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla.
“La conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el río Bravo y sus alrededores”
El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar las boyas “o cualquier tipo de estructura” sobre dichas aguas, lo que supone una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que presentó la demanda inicial en el máximo tribunal.
“Esta pelea no ha terminado. Esto apenas ha comenzado”, respondió al respecto el gobernador republicano.
Durante el juicio, el gobierno de Abbott defendió la instalación de las boyas acusando a la administración demócrata de no defender la frontera sur ante una “invasión”, por lo que dijo haberse visto obligado a tomar medidas por su propia cuenta para defenderse.
Al respecto, el juez federal argumentó que es impactante, ya que tener esa potestad daría al gobernador de Texas “más poder que el que tiene el presidente de Estados Unidos”.
También determinó que no se entregó “ningún tipo de evidencia creíble de que la barrera de boyas ha reducido significativamente” la migración irregular a través del río Bravo y que, por el contrario, supone una amenaza a la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
A principios de agosto pasado, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando sobre el río, cerca de los enormes artefactos con puas de color naranja.
Cabe mencionar que el río Bravo cubre la mitad este de los más de 3 mil kilómetros de la frontera de Estados Unidos y México.
Además de la instalación de boyas, Abbott ya había endurecido las medidas de seguridad en la frontera en común al autorizar a la Guardia Nacional para que realizara arrestos, así como enviar en un autobús a los migrantes a entidades gobernadas por demócratas.
La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del Título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.
El flujo de migrantes que atraviesan territorio mexicano hacia Estados Unidos va en aumento otra vez, pese a una caída inicial tras el fin del Título 42, como señaló la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en México
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