A estas alturas ya dejó de ser un rumor, un secreto a voces, la creciente “mexicanización” de los grupos criminales en América Latina. El asesinato en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio puso en evidencia el grado de implicación de los cárteles mexicanos en países de Sudamérica como Colombia y Ecuador.
En un primer momento, los cárteles de México se expandieron a varios países cercanos de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. El arresto el año pasado del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández constató el nivel de injerencia del Cártel de Sinaloa en la política de honduras: el ex mandatario fue señalado por conspirar para traficar droga a Estados Unidos y recibir millonarios sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, la expansión criminal mexicana no se limitó a la parte central del continente. Documentos confidenciales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia dados a conocer por el hackeo de Guacamaya Leaks, y revisados por la periodista Anabel Hernández, demostraron que los cárteles mexicanos también han exportado su modelo criminal a otras naciones como Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil y Chile, aunque particularmente a Ecuador y Colombia.
Según el gobierno del presidente Joe Biden, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son actualmente las dos organizaciones de tráfico de drogas más poderosas del mundo. Los dos grupos, según EEUU, se disputan el control de los principales puntos de producción de cocaína —Colombia Perú, Bolivia— y los lugares estratégicos en la región para traficarla a los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y África.
El crecimiento acelerado en los últimos años del Cártel de Sinaloa y el CJNG propició que ambos grupos criminales se fortalecieran y aumentaran su expansión en Centro y Sudamérica. Se trata de un modelo criminal de exportación nacido en México y caracterizado por actos de extrema violencia y una capacidad corruptora que alcanza a gobernantes, políticos y mandos militares o de las fuerzas del orden.
A pesar de que el mercado de las drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo es el modelo de negocio más redituable actualmente, la cocaína sigue siendo una droga popular entre los consumidores. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2023, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, los usuarios de cocaína en el planeta se estiman en más de 22 millones y el cultivo de la hoja de coca creció un 35 por ciento, superando las 2 mil 300 toneladas.
Los cultivos de cocaína en Colombia, según el documento, se iniciaron en la década de los 70. Pero para los años noventa, con Pablo Escobar a la cabeza, ya se habían convertido en la actividad económica principal de los grupos criminales. Actualmente Colombia concentra hasta el 70% del cultivo mundial de hoja de coca. Le siguen Perú con el 20% y Bolivia con el diez.
Importancia de Ecuador y Colombia
De acuerdo con datos de la fiscalía colombiana, los cárteles mexicanos tienen influencia en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, que es donde se concentran tres cuartas partes del total de los cultivos de coca en Colombia. A su vez, Nariño y Putumayo son los despartamentos que comparten frontera con Ecuador.
“La cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 154 mil hectáreas en 2019; un 61% de incremento, respecto de la medición del 2015, y cuatro veces de lo detectado en 2012″, señaló un documento elaborado por la Sección de Análisis Criminal Cuerpo Técnico de Investigación Secciónal Cauca.
Entender esas cifras es fundamental para trazar y reconstruir la expansión del Cártel de Sinaloa y el CJNG en Sudamérica.
Desde 2012, el Cártel de Sinaloa ya operaba en Ecuador, aunque principalmente utilizaba al país como “bodega” de toda la cocaína que compraba en Colombia y Perú, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además de Villavicencio en Ecuador, grupos afines al Cártel de Sinaloa amenazaron en Colombia a otros candidatos a elección popular. Karina García, candidata a alcaldesa del municipio de Suárez por parte del Partido Liberal, fue asesinada en 2019. Igual que en el caso del candidato presidencial, García había recibido amenazas del Cártel de Sinaloa. Un secretario del Consejo Municipal de Suárez también reportó amenazas de la misma organización.
En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, su presencia en Colombia data desde al menos el 2018, particularmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, César, Norte de Santander, Guaviare y la ciudad de Bogotá.
Según un informe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el Cártel de Sinaloa y el CJNG se asentaron en las zonas donde se produce coca en laboratorios, pero también en las regiones fronterizas por donde se saca la mercancía para de ahí llevarla a otros países.
La zona fronteriza nororiental de Colombia es clave para sacar la cocaína hacia Venezuela -plataforma de exportación de la droga a gran escala-, Centroamérica y el Caribe. Ahí, de acuerdo con el documento citado, opera el Cartel de los Soles -organización criminal de Venezuela-, el Cartel de Sinaloa y el CJNG.
En la zona fronteriza suroriental, que conecta a Brasil -un mercado de consumo de cocaína y plataforma de exportación- está identificada la presencia de La Familia del Norte, Comando Rojo y Primer Comando Capital, estas dos últimas organizaciones criminales de Brasil.
En la zona fronteriza Sur, que también conecta con territorio de Brasil, Perú, Ecuador y Chile, tienen presencia mayoritaria grupos de delincuencia organizada de Perú, el Cartel de Sinaloa y el CJNG.
Mientras que en la zona fronteriza Occidental, usada para el tráfico de cocaína a Centroamérica, están los dos carteles mexicanos, al igual que en la zona fronteriza Norte, usada para el tráfico de drogas a Centroamérica, el Caribe y Europa.