Denuncian a policías que participaron en operativo contra célula del CJNG por ocultar pruebas

Los elementos policíacos que intervinieron en el operativo ocultaron y no entregaron documentos encontrados en el lugar

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Foto: Policía De Investigación CDMX
Foto: Policía De Investigación CDMX

El pasado domingo, personal del Ministerio Público, policías de investigación (PDI) y peritos realizaron una inspección para determinar si existió abuso, saqueo y robo durante el cateo realizado el pasado 21 de agosto en el edificio número 370, de la calle La Quemada, de la colonia Narvarte, tras una denuncia por parte de vecinos del lugar.

Una denuncia de saqueo, abuso policiaco, ocultar pruebas, robar dinero, mercancías y provocar tortura a los detenidos, fue interpuesta por los vecinos de un domicilio de la colonia Narvarte. Éste lunes se reinició la audiencia contra las cinco personas detenidas y acusadas de presuntamente pertenecer a un cártel de las drogas mexicano, que según registros de seguridad, tiene presencia en la capital desde el 2015.

Abuso policial tras cateo

Las principales pruebas en contra de los cinco imputados son dos armas y presunta droga, que la policía de inteligencia de la Secretaría Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, presentaron ante un juez. Sin embargo, los elementos policíacos que intervinieron en el operativo ocultaron y no entregaron documentos encontrados en el lugar, los cuales acreditan la portación y posesión de las armas y de la mercancía existente.

Lo anterior, luego de que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegara un intenso operativo en las calles de la colonia Narvarte para desmantelar una supuesta célula criminal ligada al CJNG, operativo en el que encontraron cartuchos útiles, varias bolsas con droga -sin especificar- y ocho teléfonos celulares.

De acuerdo al documento de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, se registró una pistola, marca Pietro Beretta, calibre .380 auto, con número de folio, A3674420 a nombre de Onibas Valdés Vargas, registrada el 8 de marzo de 2021.

Otra de las armas localizadas fue presentada ante la misma dependencia como una donación, pero hasta el momento no se ha entregado la acreditación, que estaba en el domicilio, documentos que fueron omitidos, que no presentaron los policías responsables de realizar el cateo.

Lo que sí hicieron, señala la denuncia, fue obligar, amenazar y torturar a los inculpados para desbloquear sus teléfonos celulares, sin contar con autorización legal, y sustraer materiales de videos que fueron manipulados para hacer creer que pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aseguran que se realizó un montaje, dijeron los familiares de los imputados, situación que inició con una fotografía de Alfredo “N” el cual se le observa portando un arma larga, pero aseveran que no es la misma persona, “no es él, chequen su rasgos y nariz”.

Por otra parte, las personas que habitan el departamento 1 de la colonia Narvarte, ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos, por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, así como otros delitos, de acuerdo a la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/03110/08-2023.

(Twitter/@laprensaoem)
(Twitter/@laprensaoem)

Los afectados refieren que el personal ministerial de la PDI, SSC de la Ciudad de México ejecutaron una orden de cateo en su domicilio, en donde sustrajeron objetos y dinero sin su consentimiento.

De manera extraoficial, circuló la versión de que los trabajos de investigación por parte de la SSC habrían iniciado gracias a varias denuncias sobre la posible relación de los detenidos y el inmueble con hechos delictivos.

Las cinco personas -vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación- fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, ubicadas en avenida Jardín, de la alcaldía Azcapotzalco, para determinar cuál es su situación jurídica y rindan sus primeras declaraciones tras su captura.

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