Comunidad indígena se manifestó contra mega proyecto residencial en Coyoacán

La alcaldía Coyoacán, histórico rincón de la Ciudad de México, se encuentra en medio de una tormenta legal y cultural debido a un proyecto de construcción en el Eje 10 Sur, Pedro Enríquez Ureña 616.

Los líderes del Pueblo de los Reyes Hueytlilatl han alzado la voz, denunciando que este proyecto residencial, cuyos apartamentos ya se comercializan entre 2.5 y 3.1 millones de pesos, carece de la debida autorización por parte de la alcaldía para llevar a cabo la demolición de la estructura existente.

Las preocupaciones, sin embargo, van más allá de la falta de permisos locales. A la espera de los certificados de factibilidad hídrica y ambiental del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la viabilidad del proyecto en términos de infraestructura y sostenibilidad se encuentra bajo escrutinio.

La comunidad, liderada por los representantes del Pueblo de los Reyes Hueytlilatl, ha reaccionado con voces indignadas. Tras semanas de protestas en contra del proyecto, una comisión ha sido establecida con el propósito de entablar un diálogo con las autoridades gubernamentales centrales, la alcaldía y la inmobiliaria detrás del proyecto, conocida como “Quiero Casa”.

En medio de esta controversia, la Sedema ha lanzado una advertencia, sugiriendo que la inmobiliaria podría haber actuado en contravención de la normativa al iniciar trabajos antes de que la comunidad local expresara su rechazo.

La alcaldía, por su parte, ha ofrecido ciertas explicaciones en una reunión celebrada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos capitalina. En esta reunión, se informó que la empresa responsable del proyecto había presentado dos solicitudes de publicitación vecinal. La primera de ellas tenía como objetivo la demolición de una construcción existente de 364 metros cuadrados dentro del predio.

Sin embargo, esta solicitud fue rechazada en una primera instancia debido a la falta de una declaratoria, y en la segunda instancia, no ha sido emitida debido a la ausencia de un reporte topográfico requerido.

La otra solicitud de publicitación vecinal se relaciona con la construcción del nuevo edificio, y esta tampoco ha sido aprobada hasta la fecha.

La Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), otro actor relevante en este escenario, ha anunciado que el proyecto, que involucra la construcción de 76 departamentos, aún no ha sido completamente aprobado.

En una dimensión más delicada, la Seduvi también debe determinar si el terreno se encuentra dentro del polígono de conservación que rodea un sitio arqueológico ubicado a tan solo 350 metros de distancia. Dicho sitio alberga vestigios de un sistema hidráulico prehispánico, escalinatas y un aljibe que datan de la época colonial.

La comunidad local afirma que el terreno en cuestión efectivamente formaba parte de un antiguo camino comunitario que conducía al pedregal, hasta que fue cerrado por la construcción del eje vial. No obstante, la inmobiliaria sostiene haber adquirido la propiedad en 1981.

Sin embargo, un informe de la Dirección General de Regularización Territorial fechado en abril de 2002, no hace mención de ningún antecedente del predio en cuestión en sus archivos. Esto ha generado inquietudes acerca de la autenticidad de la historia de propiedad presentada por la empresa.

La propiedad tradicional emerge como un factor crucial en esta disputa. Si se verifica que el terreno efectivamente corresponde al antiguo camino comunitario, podría estar sujeto a las disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México que se refieren a la “propiedad tradicional”. Este concepto implica la posesión y protección de tierras, recursos y conocimientos según las costumbres, leyes y prácticas de la comunidad.

El reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad tradicional son asuntos de alta relevancia en el contexto de comunidades indígenas y locales. A nivel internacional, se están explorando diversos mecanismos legales y de propiedad intelectual con el fin de preservar los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.

El caso del proyecto en Coyoacán subraya la importancia de cumplir con los procedimientos legales y de involucrar a la comunidad en proyectos de desarrollo. El diálogo entre todas las partes interesadas y la consideración de los aspectos ambientales y culturales son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y respetuoso en las comunidades.