No cabe duda de que uno de los proyectos que se ha impulsado a gran escala durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya, porque debido a su gran extensión será capaz de recorrer cinco estados de la República mexicana, sin embargo, pese a los beneficios que puede ofrecer, ambientalistas se han pronunciado en contra del proyecto debido a que puede provocar daños a la zona y podría existir escasez de agua a largo plazo.
Al tratarse de un proyecto de gran magnitud, miles de personas podrían emigrar a la Península de Yucatán, provocando que la demanda del agua llegue a un punto alarmante, incluso especialistas especulan que los cenotes existentes en el área podrían quedarse sin agua.
La obra recorrerá las entidades federativas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Ante la situación que se ha presentado, colectivos como Selvame del Tren han denunciado irregularidades ambientales en torno a la obra, incluso recientemente se sumó a la causa el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
Por su parte, el tribunal destacó que se está llevando a cabo una violación a los derechos tanto de la naturaleza, como los del pueblo maya, quienes desde sus ancestros han protegido la integridad de sus cenotes, cuevas y costas, así como sus selvas, biodiversidad y sus cultivos tradicionales, situación que además calificaron como crimen de ecocidio y etnocidio.
A consecuencia de la obra, se espera que en el plazo de algunos años, miles de personas llegarán a la Península de Yucatán, por lo que se requerirán grandes cantidades de agua y se especula que por ello, los espacios se podrían quedar sin cenotes de agua dulce, de acuerdo a lo que ha una investigación realizada por el activista y consultor de agua Guillermo DChristy.
De acuerdo a lo revelado por DChristy, el acuífero Maya ubicado debajo del tramo cinco del tren, el cual cuenta con una gran cantidad de cenotes de agua dulce, que han tenido además la función de brindarle agua a espacios pertenecientes a la Rivera Maya, Playa del Carmen y a Tulum.
“Para 2030 vamos a estar extrayendo más agua de lo que tiene capacidad el acuífero de recarga. Estaremos entrado en un proceso de estrés hídrico, si nosotros extraemos esa agua dulce arriba de la cota de agua salada, empezaremos a extraer agua salada y esa no es bebible como tal”, advirtió el activista.
DChristy explicó que la consecuencia más alarmante que podría presentarse es que los recursos que existen en esos espacios se tendrían que potabilizar.
Tribunal Internacional responsabiliza al gobierno de México
Ante las irregularidades ambientales que presenta el proyecto, el tribunal exige al Gobierno de México que se lleve a cabo una auditoria independiente, en donde participen también las comunidades afectadas, con la finalidad de evaluar los impactos ejercidos por la obra y llegar a un acuerdo para que se reparen y restauren los ecosistemas que presenten daños.
Pese a los amparos que el tribunal y organizaciones ambientales han presentado en contra de la obra, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su construcción es un proyecto de seguridad nacional e interés público, acción con la que bloqueó la información al respecto y imposibilitaron las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Además de lo antes descrito, el presidente consiguió acelerar los trámites y permisos que requería de parte de la Secretaría del Medio Ambiente, así como la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que la zona cuenta con vestigios pertenecientes a la cultura maya.