A propósito de que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y ya hay dos mujeres que han tomado fuerza para competir por la vacante, la violencia política de género no se ha hecho esperar y si eres uno de los que escribe en sus redes sociales de forma despectiva, te decimos cuáles pueden ser las consecuencias de ello.
Desde hace varias semanas, tanto las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y las redes sociales se han inundado de comentarios denigrando la capacidad política de la más fuerte aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez.
Sin embargo, la senadora no es la única que ha sido víctima de palabras machistas que la posicionan como una pieza dentro del juego de los hombres en la política, pues el más claro ejemplo arribó a la Ciudad de México como su gobernadora en 2018 y se trata de Claudia Sheinbaum.
Recientemente las estadísticas del buscador más utilizado en el mundo (Google) arrojaron alarmante cifras que retratan la violencia de género ejercida en contra de la figura morenista a quien han tachado de ser “muñeca de ventrílocuo” y “marioneta” de AMLO, dejando de lado su capacidad para gobernar, independientemente de la corriente que siga.
¿Puedo tener problemas con la ley por ejercer violencia política de género?
Si bien muchas personas se pueden escudar bajo el manto de la libertad de expresión, la realidad es que emitir tu opinión y denigrar a una persona son aspectos totalmente diferentes. Por tal motivo, figuras públicas, destacados usuarios de redes sociales y hasta los caricaturistas que se mofan de las ya mencionadas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, entre otras, podrían incluso llegar a prisión por ello.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales se detalla que aquella persona que “ocasione un daño o menoscabo en la igualdad de ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de la función pública de la mujer”.
Por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) las consecuencias se limitan a multas económicas; no obstante, en el ámbito penal se considera como un delito grave que se persigue de oficio, lo que quiere decir que incluso no hay necesidad de interponer una denuncia formal para que la investigación sea presentada, además de que, de ser encontrado culpable, puede alcanzar la desaprobación del derecho a fianza.
Pero no es tan fácil deshacerse de las acusaciones, ya que quienes se sintieron agredidas no tienen la obligación de probar absolutamente nada, sino que es el propio acusado quien debe recabar las pruebas necesarias para verificar que no se trata de un ataque hacia los personajes políticos femeninos, sin dejar de lado que el propio INE cuenta con las facultades para investigar a fondo a los señalados.
Aunado a ello, aquellas figuras públicas y no públicas que caigan dentro de los parámetros de este delito quedarán inscritos en el Registro Nacional de Violentadores de Género que, como consecuencia, “marca” al responsable haciendo que le impida postularse para un nuevo cargo público. Incluso, esta medida podría llevarlos a la cárcel pues al no contar con fuero la Fiscalía General de la República (FGR) podría tomar la denuncia y llevarla al terreno penal.