Anestesiólogo investigado por compra de fentanilo obtuvo amparo y recuperó su casa

La FGR inició una indagatoria en contra de Gustavo Aguirre por la compra de varias ampolletas del medicamento provenientes de Jalisco

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Gustavo Aguirre acusó irregularidades en la investigación de la FGR, pues la compra del opioide habría sido avalada por la Cofepris. (Facebook/Antonio Juárez Navarro)
Gustavo Aguirre acusó irregularidades en la investigación de la FGR, pues la compra del opioide habría sido avalada por la Cofepris. (Facebook/Antonio Juárez Navarro)

Tras varias semanas de litigio, un juez federal le concedió un amparo a Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo de Baja California Sur bajo investigación por la compra de fentanilo, para recuperar su casa, la cual había sido asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información compartida vía redes sociales por su abogado, Antonio Juárez Navarro, la justicia federal le otorgó una suspensión provisional para que “se levanten los sellos” y se le permita el acceso a Gustavo, así como a su familia, a su domicilio en Cabo San Lucas.

Cabe recordar que el especialista, su esposa y sus dos hijas no habían podido entrar a su casa desde el 24 de junio, pues la FGR puso el inmueble bajo resguardo.

El argumento de la corporación para tomar dicha medida fue el desarrollo de una investigación en contra de Aguirre Castro por la compra de 24 ampolletas de fentanilo provenientes desde Guadalajara, Jalisco.

La casa de Gustavo Aguirre fue asegurada a finales de junio. (Facebook/Antonio Juárez Navarro)
La casa de Gustavo Aguirre fue asegurada a finales de junio. (Facebook/Antonio Juárez Navarro)

Según una narración que el anestesiólogo publicó en su cuenta de Facebook, la transacción estuvo autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues contaba con un recetario y los documentos necesarios para la adquisición de medicamentos controlados.

No obstante, las autoridades rastrearon el paquete y, cuatro días después de que Gustavo lo recibió, agentes de la FGR y la Secretaría de la Marina (Semar) arribaron a su casa en compañía de perros y hasta un dron. Aunque Gustavo presentó los papeles que acreditaban la legal procedencia del opioide analgésico, su hogar fue cateado y asegurado.

Durante la audiencia en la que un juez federal ordenó la restitución del domicilio, la representación de la FGR negó haber efectuado el aseguramiento y el juez que otorgó la orden de cateo se deslindó de dicho operativo.

Sin embargo, en múltiples ocasiones Gustavo y sus vecinos publicaron en redes sociales las imágenes de los sellos de seguridad con el folio FED/BCS/LPZ/0000364/2023.

Antonio Juárez Navarro, abogado del caso, y Gustavo Aguirre. (Facebook/Antonio Juárez Navarro)
Antonio Juárez Navarro, abogado del caso, y Gustavo Aguirre. (Facebook/Antonio Juárez Navarro)

Incluso la tarde del 26 de julio Aguirre Castro denunció que varios elementos de la FGR ingresaron a su casa —que ya estaba bajo resguardo para ese entonces— con el pretexto de modificar los sellos, pero no contaban con autorización expresa para realizar tal procedimiento.

“Llegan estas personas y entran a la casa sin permiso ni nada, nadie que les autorice, quitan los sellos y entran a la casa. Están entrando a la casa y están violentando. Tengo miedo de que vayan a agregar una pendej*da en la casa. Que quede desde ahorita, yo no estaba presente y tengo fotos de que están moviendo cosas en el patio y empiezan a tomar fotos”, expuso en un video.

La mañana del 8 de agosto se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Gustavo Aguirre, quien a la par presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) de la FGR por el delito de cohecho.

Concretamente, la corporación federal lo acusó por posibles delitos contra la salud en su modalidad de transporte debido a la posesión de ampolletas de enervantes médicos como fentanilo, efedrina y morfina.

Hasta el momento de la presente publicación no se ha dado a conocer si las autoridades judiciales llegaron a un dictamen vinculatorio tras esta audiencia, por lo que se mantiene la incógnita sobre si continuará el proceso penal en contra del anestesiólogo.

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