TEPJF confirmó multa de 98 millones de pesos contra el PRI por la Operación Safiro

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el caso conocido como la Operación Safiro.

De acuerdo a lo que dio a conocer la autoridad electoral, la sanción consiste en la reducción del 25% de su financiamiento ordinario a partir de julio de 2023, como consecuencia de una investigación que se remonta a 2015 cuando el tricolor habría recibido aportaciones de 39 millones 166 mil 666 pesos en dinero en efectivo provenientes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua y que habrían beneficiado a diversos actores políticos.

Por unanimidad de votos, los magistrados consideraron que los alegatos para defenderse y pedir que se retrasara la aplicación de la multa por parte del tricolor fueron infundados e inoperantes, por lo que se descontará mensualmente una cifra hasta llegar a los 97 millones 916 mil 665 pesos, indicación que marcó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP).

Asimismo, los integrantes de la Sala Superior respaldaron lo dictado al considerar que el Revolucionario Institucional si tiene más multas se debe a que ha incurrido en conductas indebidas: “La pretensión no se puede alcanzar, máxime que no es posible retrotraer el cobro ejecutivo, ya que los recursos que son enterados a la Hacienda Pública Federal tienen un destino específico que no puede ser modificado por orden de esta autoridad jurisdiccional”.

Aunado a lo anterior, el pasado 5 de julio el TEPJF confirmó la resolución del INE sobre el caso Safiro, con lo que dio por concluida la investigación en donde el tricolor habría recibido aportaciones de entes prohibidos para las campañas del partido en Chihuahua en 2006.

“El pleno de la Sala Superior estuvo de acuerdo con la determinación del INE debido a que la valoración probatoria que realizó fue correcta. Lo anterior, ya que, aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fue rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI”, explicó el máximo tribunal en la materia en el país por medio de un comunicado.

Por su parte, el 30 de mayo el Consejo General de la autoridad electoral aprobó un acuerdo en donde determinó el cierre de las investigaciones sobre el tricolor, luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UFT) describió detalladamente una triangulación de recursos del gobierno federal y local mediante empresas fachada.

“Una vez recibido el dinero por parte del Gobierno de Chihuahua, se realizaron simulaciones de contrataciones con cinco empresas para finalmente transferir el recurso denunciado al Partido Revolucionario Institucional, con el fin de financiar sus campañas electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-206 en los estados que no contaban con gobiernos priistas”, explicó la UFT.

De acuerdo a lo que dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción, gobiernos y autoridades de siete estados de la república habrían desviado millones de pesos provenientes de la federación, lo cual habría beneficiado al PRI en campañas electorales.

Las entidades involucradas habrían sido Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México, el Congreso de Morelos y la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. Presuntos actores de la operación han declarado que en diferentes reuniones se planeó un esquema de desvío, pues creyeron que la operación estaría protegida por la SHCP.

“El caso escaló hasta el máximo tribunal del país, ya que el expresidente Enrique Peña Nieto interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que las autoridades de Chihuahua investigaran sobre el caso, bajo el alegato de que el caso correspondía solo a las autoridades federales”, sin embargo, el caso sí se investigó en lo local.