Inegi aclaró qué sucedió con encuestadores “secuestrados” por el crimen organizado

Este día se publicó información sobre supuestos pagos que tuvo que realizar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en comunidades dominadas por el crimen organizado, a cambio de permitir el trabajo de los encuestadores durante el Censo Agropecuario 2022, por lo que el propio organismo salió a aclarar los hechos.

Durante el periodo de levantamiento, 19 de septiembre al 30 de noviembre de ese año, se registraron cuatro incidentes en los que se impidió el libre tránsito de los encuestadores, además de diez retenciones, reconoció el Inegi en un comunicado la noche de este 27 de julio.

El organismo público aseguró que en todo momento se priorizó la seguridad e integridad física del personal de campo. No obstante, consideró estos incidentes como hechos aislados, y explicó que en cada una de estas retenciones se respondió conforme a los protocolos correspondientes.

Este día se prendieron las alertas a nivel nacional luego que Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, reveló que para el Censo Agropecuario de 2022 se tuvo que pagar por el acceso a las zonas bajo influencia del crimen organizado, además de contratar para los censos a personas conocidas por los criminales para garantizar la integridad física del personal que levantaba las encuestas.

También se dio a conocer que al menos se presentó un caso en el que una persona encuestadora estuvo retenida durante varios días, sin embargo, al final se logró recuperar su libertad, aunque el Inegi negó que se haya tratado de un secuestro.

“Hay muy diversas estrategias, en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal”, dijo ante una comisión de la Cámara de Diputados federales.

El Inegi minimizó estos hechos y reiteró que se trata de hechos aislados, los cuales no pusieron en riesgo a los más de 28 mil encuestadores.

“Sí tuvimos algunos tropiezos, algunos eventos, el primer día tuvimos una persona como secuestrada, y duró varios días así y después de eso ya no tuvimos más”, argumentó la funcionaria del Inegi.

En cada uno de los operativos en campo se implementan acciones preventivas para salvaguardar la seguridad de quienes recorren el territorio, aseguró el Inegi.

Entre esas medidas se destaca la contratación de personal de la localidad con la finalidad de generar confianza en la comunidad.

Además, se capacita al personal de campo con protocolos de seguridad que siguen las mejores prácticas en la materia, y que se adaptan en cada operativo de acuerdo con las necesidades del mismo.

Para reforzar la seguridad del personal, el Inegi mantiene una estrecha comunicación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, indicó en el comunicado.

A lo largo de 40 años, el INEGI aseguró ha construido un vínculo de confianza con la ciudadanía e insistió que para el Censo Agropecuario se capacitó a los colaboradores con protocolos de incidencias de tipo social, de inseguridad y accidentes, como sucede en todos las campañas.

Durante el primer semestre de 2023 se registraron los peores niveles en materia de incidencia delictiva, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en su último informe.

Detalló que de enero a junio se registraron 15 mil 560 víctimas de homicidio doloso, de las cuales el 70.2% fueron asesinadas con arma de fuego y el 86.5% de las víctimas totales corresponden al género masculino.

A nivel estatal, catorce entidades registraron aumentos en la tasa de homicidio doloso, donde el caso de Colima destacó al reportar cifras hasta 4.5 veces mayores que la tasa a nivel nacional.

Le siguen en nivel de violencia los estados de Morelos, Baja California, Baja California, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Guerrero, Quintana Roo y Michoacán.

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