¿Qué lineamientos emitió el INE para regular y fiscalizar actividades de “corcholatas” y “frentistas”?

De cara a los comicios del próximo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda de las “corcholatas” y los “frentistas”, para “salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad”.

Lo anterior, en cumplimiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 19 de julio, que avaló la convocatoria para designar al responsable de construir el Frente Amplio por México (FAM) y ordenó al órgano superior del INE emitir, en un plazo máximo de cinco días, los lineamientos para regular procedimientos similares.

Los puntos, aprobados por mayoría de siete votos, pretenden encuadrar los actos, actividades y proselitismo en los procesos; entre ellos, se ordenó el retiro inmediato de propaganda que tenga como objetivo respaldar la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.

Al respecto, los lineamientos prohíben el uso de tiempos en radio y televisión para promocionar los procesos internos o a las y los aspirantes presidenciales, y “sólo podrán difundir propaganda genérica relativa a sus actividades permanentes, la promoción de la participación de la ciudadanía en la construcción y fortalecimiento de la democracia y mostrar su ideología, valores o principios”.

El INE también certificará de los elementos de propaganda colocada en vía pública, como espectaculares, en bardas, vehículos del transporte público, edificios o monumentos. Tampoco se permitirá su colocación en equipamiento urbano, carretero o ferroviario.

Se advirtió que la propaganda que no sea retirada y que contenga elementos de índole electoral, o equivalentes, será computada como gasto de precampaña.

En sesión extraordinaria del pasado miércoles, el INE también estableció un tope de gasto de 34 millones 370 mil 666 pesos para todos y cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de “corcholatas” y “frentistas”, previo al proceso electoral que arranca el próximo 4 de septiembre.

A esta cifra pueden contribuir las y los propios aspirantes con un límite individual, de dinero o en especie, de 2 millones 148 mil 166 pesos; además, las aportaciones de militantes y simpatizantes, puede alcanzar hasta 537 mil 41 pesos.

La fiscalización abarca todo el periodo desde el inicio de los procesos internos, tanto del oficialismo como del bloque opositor, hasta la conclusión de los mismos y la publicación de los resultados.

Es decir, para el caso del partido guinda se contempla a partir del 12 de junio hasta el 6 de septiembre, cuando den a conocer al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En tanto, para la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el periodo sujeto a fiscalización será del 4 de julio hasta el 3 de septiembre, cuando anuncien al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México.

El tema de la fiscalización quedará a cargo de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que realizará monitoreos y visitas de verificación para identificar eventos, recorridos y distribución o colocación de propaganda., que se realizará de manera “especializada, adecuada, expedita y apegada a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas”.

Por otra parte, el INE permitió que los legisladores que actualmente contienden por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México participen en el proceso sin solicitar licencia a sus cargos.

No obstante, deberán abstenerse de incurrir en cualquier forma que pudiera implicar una “vulneración” a la equidad en dichos procesos, aunque podrán participar siempre y cuando no se distraigan de sus actividades legislativas.

Al respecto, la consejera Dania Ravel argumentó que “no existe un fundamento legal que obligue a que las personas servidoras públicas se separen del cargo que ocupan para poder participar en estos procesos políticos, sobre todo porque la Sala Superior ha dicho, con todas sus letras, que es un proceso intrapartidista”.

Eurípides Flores, representante de Morena, reprochó al “grupo conservador que queda” en el INE de permitir que el diputado Santiago Creel Miranda y la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz no “suelten el hueso” y sigan en sus cargos, pese a participar en el proceso del Frente Amplio por México.

Manifestó su inconformidad con la renuencia del árbitro electoral a pedir la renuncia de los funcionarios, lo que calificó como una contradicción a los lineamientos emitidos este miércoles, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador no puede referirse a ambos legisladores, aunque ellos, como servidores públicos, están sujetos a la crítica.

Aunque admitió que debe aprobarse por tratarse del cumplimiento a una sentencia, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, argumentó que “eso de los procesos inéditos no existe; sí existen procesos electorales que se llevan a cabo conforme a la ley, o por el contrario, fuera del marco de la ley”.