Las razones por las que el Tren Maya es un ecocidio, según tribunal internacional

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó este 26 de julio que el Tren Maya, una de las obras insignia del actual gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio.

Este Tribunal Internacional es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales y en este caso encontró razones para responsabilizar del ecocidio al Estado mexicano.

“El veredicto del Tribunal destaca la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Tribunal responsabiliza al Estado mexicano”, se expuso en el informe.

Durante las obras de construcción se talaron miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por posibles daños a la biodiversidad de la región, sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que este proyecto detonará el crecimiento económico en los 5 estados que atravesará, pues se espera la llegada de millones de turistas.

Entre las principales afectaciones destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación (de hasta 10 millones de árboles talados), la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes.

Respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para supervisar el proyecto.

El veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, indica que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

También el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

El gobierno federal apuntó que el presidente López Obrador estará presente en uno de los primeros recorridos de prueba del tren en el tramo de Mérida a Cancún. Posteriormente la primera fase será inaugurada de manera oficial en diciembre de este año.

El Tren Maya ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción a raíz de las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, pues impacta en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, así como del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.

Diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual cambió varias veces su trazado original y sin que se hayan cumplido con rigor los estudios de impacto ambiental.

La obra contempla 1 mil 554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros. Esta vía conectará a los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, el presidente López Obrador declaró su construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.

Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente, así como el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia debido a que la zona cuenta con abundantes vestigios de la cultura maya.

El Tribunal pide al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.

El Tribunal entregará el veredicto a López Obrador e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH); el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).