La Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa informó que analiza el sexto informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y enlistó las detenciones de los militares que estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
El 26 de julio, el GIEI presentó su último informe sobre la desaparición de los jóvenes estudiantes ocurrida en septiembre del 2014. El organismo internacional destacó en conferencia de prensa la opacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para evitar que se conozca la verdad.
El grupo interdisciplinario, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló al Ejército Mexicano de realizar el espionaje al grupo criminal Guerreros Unidos, algo que dentro de las leyes mexicanas está prohibido.
En tanto, presentó un mapeo de los movimientos de los militares que estuvieron cuando ocurrieron los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Se informó que este trabajo de rastreo se realizó luego de analizar los celulares de los elementos castrenses, además de los registros del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) que permite seguir movimientos y comunicaciones de distintas autoridades en Iguala.
El GIEI también investigó a los elementos de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero durante y después del ataque, al tiempo de que apuntó la omisión de las autoridades en este hecho.
“Las últimas revelaciones amplían la perspectiva del caso. Hay muchos obstáculos que se necesitan superar todavía. El desafío ha sido monumental. El informe muestra los distintos niveles de implicaciones y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43″, dijo Carlos Beristáin desde el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
El organismo internacional señaló las omisiones que las Fuerzas Federales, Sedena y Marina, realizaron durante el ataque a los jóvenes, al tiempo que han intentado, según el GIEI, borrar sus huellas en el caso, por lo que se les imposibilita llegar a saber qué pasó con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Por lo anterior, la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa aseguró que ya analiza el sexto informe presentado por el GIEI y “atenderá las recomendaciones que contribuyan a alcanzar su objetivo”.
“Se están analizando las 30 recomendaciones del VI Informe: ocho sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; cinco respecto a la unificación de las averiguaciones; cinco sobre necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; tres respecto a búsquedas; tres respecto de la justicia, y seis sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición”, señala el comunicado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.
El funcionario recordó las investigaciones que la Comisión de la Verdad ha informado a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, como la identificación de tres jóvenes: Joshivani Guerrero de la Cruz; Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.
Destacó la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gualberto Ramírez Gutiérrez, y del ex Ministerio Público de la SEIDO. Así como la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio al gobierno de Israel.
Sobre el proceso de judicialización de este caso, según las autoridades, existen 112 personas privadas de la libertad que están recluidas en diversos penales, entre ellos: 18 integrantes de Guerreros Unidos.
“Además, 14 elementos de la Sedena detenidos y seis órdenes de militares por ejecutar, que suman 20 en total: dos generales, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, dos sargentos, un teniente, un subteniente, tres cabos, 10 soldados; a ello se añade un elemento de Semar aprehendido.
Así como 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas, entre otras detenciones de funcionarios de seguridad del estado de Guerrero, como “el exsecretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; 74 policías municipales: ocho de Cocula, siete de Huitzuco y 41 de Iguala; seis estatales, seis federales y seis federales ministeriales”.