
Al ofrecer más detalles en torno al caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en medio de reproches al Estado mexicano por su insistencia en ocultar información vital.
Ante la imposibilidad de continuar con su trabajo, los expertos señalaron el papel de autoridades estatales y federales, instituciones de inteligencia y de procuración de justicia en la detención y tortura de testigos para construir la “verdad histórica”, la cual planteó que, tras la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero de Colula.
En conferencia de prensa desde el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain señalaron la responsabilidad de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena), así como el papel del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

De acuerdo con el GIEI, tanto la Sedena como el Cisen seguían en tiempo real a los estudiantes previo a su llegada a Iguala, Guerrero, con reportes constantes y minuciosos de sus movimientos hasta las 21:30 horas, cuando sucede un “apagón informativo”.
Para los expertos es evidente la actuación conjunta de autoridades estatales y federales para guardar silencio posterior a los ataques contra los jóvenes con armas de fuego de alto poder, pues “si tenían un seguimiento exhaustivo antes de entrar, también debieron de tenerlo después”, toda vez que tenían la encomienda de monitorear todos sus movimientos debido a la conmemoración del 2 de octubre.
Beristain reveló que policías y elementos de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en diferentes puntos al momento de los hechos, según testimonios y pruebas de telefonía; sin embargo, esta información se había ocultado y negado previamente, “lo que ha generado un vacío significativo de sobre lo ocurrido aquella noche”, resaltó Beristain.
Bajo esta línea, afirmaron que el Cisen ha ocultado su participación en detenciones e interrogatorios, sobre los que se sabe que intervinieron el exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y el exmando de la Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez.
Por su parte, Ángela Buitrago destacó que la Sedena ha negado la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFDI), del que se localizaron, por lo menos, 16 documentos que contienen información de los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

En lo que respecta a la Marina, el experto español detalló que no hay información sobre su participación los días 26 y 27 de septiembre; sin embargo, sí intervino posteriormente con la detención y tortura de implicados, cuyos testimonios ayudaron a fraguar la “verdad histórica”.
“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada versión histórica”, abundó Beristain, y refirió que en su construcción participaron la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la PGR.
“Tuvimos información de que realizaron un operativo de inteligencia, de carácter reservado, días después de los hechos, con un grupo especial de inteligencia del que hasta ahora no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas con el que hemos identificado la muerte de dos personas en esos operativos, no se sabe quiénes son”, añadió.
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