En México 4 de cada 10 personas dentro de las cárceles no cuentan con sentencia, revela INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) que dan cuenta sobre la situación penitenciaria en el país durante 2022. Destaca la cifra de personas privadas de la libertad (ppl) o internadas que no cuentan con una sentencia pues, se trata de 4 de cada 10 casos.

Es así que, de los 226 mil 116 personas recluidas en un centro de detención o de internamiento al cierre del año pasado, 88 mil 172 se encontraban sin sentencia dictaminada (el 39.0 por ciento). Desglosado según el sexo, esta situación se vio incrementada para mujeres con 49.3 por ciento, por el 38.4 por ciento respecto a los hombres.

Si bien la cifra muestra un mayor número de población femenil recluida que no cuenta con una resolución por parte de un juez en comparación con la varonil, las ppl en México son en su gran mayoría hombres: el 94.4 por ciento o 213 mil 390 varones (por el 5.6 por ciento o 12 mil 726 mujeres).

Por entidades federativas, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California son en donde mayor población recluida se registra: 34.7 mil, 25.5 mil, 13.5 mil y 13.1 mil, respectivamente. Mientras que en centros penitenciarios federales (a nivel nacional) existen 18.9 mil personas.

En ese sentido, la cifra se encuentra relacionada al número de centro penitenciarios federales, estatales y especializados ubicados en cada estado. En México existen un total de 314, de los cuales: 23 están en el Edomex; 20 en Sonora y Veracruz; 17 en Chiapas y CDMX; 14 en Jalisco y Zacatecas; 13 en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Michoacán, por mencionar algunos.

Mientras tanto, las entidades con menos población privada de la libertad son Tlaxcala con apenas 954 personas. Luego le siguen Campeche con mil 076; Colima con mil 214; Baja California Sur con mil 267; Yucatán con mil 555, y Aguascalientes con 2 mil 153.

Del total de casos de personas recluidas sin sentencia, el argumento legal que prevaleció fue el de prisión preventiva oficiosa, un recurso legal que violenta los derechos pues atenta contra la presunción de inocencia. Por ello, diversas activistas y asociaciones han hecho un llamado al Poder Judicial para eliminar esta medida.

A inicios de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió ordenar a México modificar el ordenamiento jurídico por el que personas que presuntamente cometen ciertos tipos de delitos son enviadas a los reclusorios o centros de internamiento de manera automático.

Y es que, de las más de 88 mil ppl reportadas en 2022, el 50.2 por ciento estaba bajo la figura de prisión preventiva oficiosa; mientras que el 23.9 por ciento era por prisión preventiva justificada; el 11.4 por ciento por otro supuestos jurídico, y el 14.5 por ciento no se pudo identificar cuál era el estatus de los casos.

La asociación civil Reinserta, especializada en la materia, acusó en abril de año en curso que la prisión preventiva oficiosa se trata de una medida violatoria en contra de las ppl ya que no aún no existe una culpabilidad comprobada.

Urge que los poderes ejecutivo y legislativo (…) creen las políticas públicas necesarias para implementar medidas alternativas que fomenten la construcción del tejido social, como el arresto domiciliario, la perspectiva de género durante el proceso y la presunción de inocencia”, expresó a través de un comunicado.