Birmex: la entidad pública más expuesta a la corrupción en México

La institución con el mayor riesgo de corrupción en las compras públicas del gobierno es Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Solo 70 centavos de cada 100 pesos gastados por la entidad se asignaron a través de licitaciones públicas en 2022, lo que implicó que el 99% de sus compras públicas se realizaran a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, expuso el análisis del centro de investigación.

Siete concursos de Birmex realizados en 2022 tuvieron plazos cortos; es decir, no se cumplió el tiempo establecido en la ley para que los participantes interesados presentaran propuestas.

Cuando hay plazos cortos se puede crear una barrera a la competencia porque potenciales proveedores no tienen las condiciones suficientes para elaborar propuestas con la especificidad necesaria en la convocatoria, explicó el IMCO en su reporte.

Hay una concentración de mercado elevada en las compras de la entidad encabezada por el general en retiro Jens Pedro Lohmann Iturburu, pues el 60% del monto total contratado el año pasado se adjudicó a un solo proveedor de la industria farmacéutica para la adquisición de vacunas.

Además, los contratos fueron publicados ya que habían iniciado y la mitad no contó con justificación legal para adjudicar directamente. Una de las adjudicaciones directas que no cuenta con documentos que permitan conocer su justificación es un proceso de 988 millones de pesos para la adquisición de vacunas contra la influenza.

Un contrato con una suma alta sin justificación supone un riesgo, y si se considera que el proveedor es prevalente en las compras de la institución, resulta todavía más difícil la posibilidad de comprobar la idoneidad de la empresa para proveer el insumo, de acuerdo con el IMCO.

Birmex registró un puntaje de 70 puntos en el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), en el que 100 es el mayor riesgo. Se trató de 26 puntos más respecto a 2021.

Esta institución forma parte de las entidades que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2022. El segundo lugar en esta categoría fue para El Puerto de Salina Cruz, el tercero lo ocupó la Secretaría de Marina y el cuarto fue para el ISSSTE y Diconsa.

En el extremo opuesto de esta categoría por monto del gasto ejercido, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte recibió el menor puntaje, seguida por la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre 2021 y 2022 creció el riesgo de corrupción en las compras públicas en 184 de 260 instituciones federales (71%) y disminuyó en 76 de ellas (28%).

La entidad que más aumentó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, pues entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, sobre todo por la ausencia de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante hecha en el puerto en varias décadas, y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, detalló el IMCO.

“En el gobierno federal persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley”, afirmó el IMCO.

En 2022, las instituciones públicas federales realizaron 174 mil 219 compras, y gastaron más de 513 mil millones de pesos, cifra que representó 9% del presupuesto programable ejercido ese año.

Las compras del sector salud estuvieron entre las menos competitivas, pues el 74% del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente. Destacaron los casos de los Institutos Nacionales de Salud, particularmente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que obtuvieron puntajes superiores a 80 en el subíndice de competencia.

• Falta de competencia. Desde 2019 hay una menor competencia en las compras públicas. El 38% del monto gastado se adjudicó directamente, y 25% de los concursos realizados tuvieron tres participantes o menos.
• Falta de transparencia. Más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público, y poco más de dos mil licitaciones públicas (30%) estuvieron incompletas, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más papeles. Además, 4% de las compras públicas careció de una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.
• Incumplimiento de la ley. El 45% de las compras públicas fue publicado en Compranet después de la fecha de inicio del contrato. De hecho, el 9% se cargó en la plataforma entre uno y dos meses después de haber iniciado.
• Proveedores de riesgo. Las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Función Pública. Además, 32% de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas, y 64% se destinó a servicios de vigilancia.

El IMCO añadió que las adjudicaciones directas están permitidas en la ley, pero su uso sistemático dentro de una institución implica la concentración de pocos proveedores en grandes montos de compras.

El centro de investigación expuso que las compras públicas deben caracterizarse por ser íntegras, que garanticen un alto nivel de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, y que la Función Pública es la encargada de mejorar las prácticas de contratación y vigilar el gasto público.

Consideró que frente a los cambios recientes en Compranet y las funciones de la Función Pública, esta secretaría tiene una oportunidad para que el monitoreo de recursos mejore, por ello propuso:

• Fortalecer los procesos de compra consolidada de medicamentos e insumos farmacéuticos en el sector salud, particularmente en el nuevo IMSS Bienestar, para que la planeación se base en estimaciones de la demanda y esquemas que prioricen la competencia entre proveedores.
• Reformar el Registro Único de Proveedores y Contratistas administrado por la Secretaría de la Función Pública para que cumpla la función de dar información útil y oportuna a las instituciones contratantes.
• Modificar con una reforma legislativa la disposición que permite a las instituciones realizar adjudicaciones directas cuando se trate de bienes y servicios destinados a la comercialización directa.