Gobierno pagará 85 mdp a víctimas del incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

Los recursos serán destinados a la indemnización de los heridos y las familias de los migrantes que murieron a causa del siniestro

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Centro de detención de inmigrantes
Centro de detención de inmigrantes donde varios migrantes murieron después de que se produjera un incendio el lunes por la noche, en Ciudad Juárez, México, el 31 de marzo de 2023. REUTERS/José Luis González

Más de tres meses después del incendio en Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 personas migrantes, las autoridades dieron a conocer el monto destinado para la reparación del daño por la tragedia.

Francisco Garduño Yáñez, quien aún ostenta el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) pese a estar vinculado a proceso, informó que el Gobierno de México autorizó un total de 85 millones de pesos como parte de la propuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para indemnizar a los deudos de las personas fallecidas, así como a los 27 lesionados por el siniestro.

“Tenemos un fondo ahorita inicial de 85 millones autorizados por la Secretaría de Hacienda para empezar a cubrir la reparación integral del daño”, aseguró Garduño en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua. A pesar de confirmar la cifra, el funcionario no especificó de que manera se distribuirán los recursos.

Las declaraciones del titular de Migración ocurrieron durante una de sus visitas a las instalaciones del Poder Judicial, a donde tiene que acudir a firmar cada 15 días como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra.

El director del Instituto Nacional
El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por el incendio. (REUTERS/José Luis González)

Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público el 30 de abril, luego de una audiencia de más de 10 horas. Aquel día, se consideró que el comisionado habría tenido un grado de responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria, pues habría incumplido con su obligación de salvaguardar y proteger a las personas que se encontraban retenidas ahí.

Durante la audiencia, Garduño no emitió declaración alguna y el juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria (que culmina el 30 de agosto).

Pese a las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la aparente responsabilidad de Garduño, el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva de oficio, por lo que se le permitió enfrentar el proceso penal en completa libertad.

La lamentable tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez exhibió la ausencia de medidas de protección civil y seguridad en las instalaciones del INM.

Garduño lleva su proceso en
Garduño lleva su proceso en libertad, debido a que el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva oficiosa. (Cuartoscuro)

Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones para el Instituto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues consideró que hubo graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Las afectaciones a los derechos de las víctimas, según la recomendación de la CNDH, comenzaron desde el momento en que fueron detenidos y “alojados” de manera irregular en las instalaciones, pues existió una privación de su libertad bajo el argumento de mantenerlos en espera de resolver los procesos administrativos correspondientes.

En cuanto a la Segob, que es la encargada de diseñar las políticas migratorias del país, la CNDH pidió que implementara un mecanismo de supervisión, control y verificación permanente en las estaciones migratorias, así como la apertura de un registro nacional de personas en contexto de movilidad humana que ingresen a dichos establecimientos.

Finalmente, la CNDH recomendó a la persona encargada de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) de la SRE que diseñe una estrategia de coordinación y responsabilidad que garantice el respeto a los derechos humanos.

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