Al condenar su “incansable interés” por despenalizar el aborto en México, la Iglesia Católica criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el reciente fallo en el que resolvió que cualquier mujer puede ampararse contra normas que penalizan la interrupción del embarazo.
A través del editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte concluyó que, incluso si no hay un embarazo, toda persona con capacidad de gestar puede impugnar la regulación del delito de aborto.
Sin embargo, en su editorial dominical, la institución advirtió que el fallo del Alto Tribunal permite a “organizaciones que lucran con el aborto” combatir, a través de amparos, “los códigos penales de los estados para lograr una desaparición penal del aborto y, con ello, liberalizar su práctica”.
En sesión del pasado miércoles 21 de junio, la Primera Sala aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra la contradicción de criterios 412/2022. El ponente del proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, votó en contra, y tuvo el favor de los ministros Arturo Zaldívar, Juan Luis Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez y de la ministra Margarita Ríos Farjat.
Para justificar la resolución, se argumentó que las normas que penalizan el aborto “inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”; además, refuerzan estigmas para quienes solicitan este tipo de atención médica, fomenta la discriminación y “genera un temor en los profesionales de la salud, aun cuando las legislaciones penales no criminalicen ciertos abortos, lo que puede provocar desigualdad en la provisión de los servicios de salud”.
Esta determinación facilita la vía a la despenalización del aborto en todo el país, pues no habría que esperar a que los congresos locales modifiquen sus códigos penales para despenalizar el aborto y proteger a las mujeres o personas gestantes.
En tanto, para la organización Abortistas MX, la resolución representa un “avance importante” en el movimiento a favor del aborto en el país, pues “brinda una herramienta a las mujeres, personas colectivas y organizaciones para presionar a las autoridades para despenalizar el aborto”.
Ante ello, el la Iglesia Católica cuestionó por qué alguien necesita protegerse de su propio hijo “al grado de tener que quitarle la vida”, y consideró que se trata de una “situación extrema” a la que quieren llevar a las mujeres “con un discurso plagado de sofismas, mentiras y falsos derechos, deshumanizando la vida en su inicio”.
Además, acusó que la Suprema Corte aprovecha su “facultad interpretativa” para invalidar lo que regulen los Congresos y lo que definan los gobiernos locales en materia de políticas públicas para “ordenar, dictando cómo deberían ser las leyes a su juicio”.
Por lo anterior, la Arquidiócesis Primada de México se manifestó preocupada y subrayó que que, en materia de derechos humanos , “el respeto por la vida sigue siendo vulnerado, en la práctica, en las leyes y en las interpretaciones judiciales”.
En ese sentido, y tras reiterar que no buscan castigar con cárcel a mujeres que “hayan tenido que abortar”, el Arzobispado apuntó que “la única respuesta” por la sociedad y el gobierno es realizar acciones en favor de las mujeres embarazadas para facilitarles las circunstancias que puedan estar enfrentando”.
“No se busca castigar con cárcel a una mujer que haya tenido que abortar, pero mientras se disfrace de supuesto derecho lo que en sí es una tragedia; mientras no se genere política pública que apoye a la mujer embarazada en lugar de orillarla a deshacerse de su hijo; (...) mientras el negocio del aborto siga disfrazándose de una supuesta piedad por las mujeres, es importante seguir denunciando que la vida humana es instrumentalizada y valorada de manera desigual para los seres humanos”, condenó la Iglesia Católica.