FGR va contra juez de Oaxaca por favorecer a narcotraficantes y a implicados en el caso Nochixtlán

Debido a una serie de irregularidades en diversos casos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del Álvaro Niño Cruz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Oaxaca.

En total son cinco casos en que las autoridades detectaron que el proceder de Niño Cruz favoreció a varios imputados relacionados con el tráfico de drogas, incumplimiento a resoluciones de amparo y en la agresión armada que se suscitó el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en la que fallecieron seis personas y otras 27 resultaron lesionadas.

Respecto a estos últimos hechos, la FGR informó que dos exmandos de la entonces Policía Federal fueron imputados en noviembre de 2022 por haber participado en el operativo de Nochixtlán. Aunque debían permanecer en prisión preventiva, Álvaro Niño determinó que podían continuar su proceso penal en libertad y sólo les fijó una garantía de 20 mil pesos a cada uno.

Aunado a ello, en junio de ese año el juez de nueva cuenta optó por no dictar ninguna medida cautelar contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en los hechos. Esto con la finalidad de que su libertad no fuera restringida, pese a que había sido imputado por el delito de lesiones con de armas de fuego.

Si bien la FGR solicitó que se le impusiera prisión preventiva mientras llevaba a cabo su proceso penal, Niño Cruz únicamente le indicó que tenía la obligación de presentarse cada mes ante el órgano jurisdiccional.

La tercera irregularidad se presentó en ese misma audiencia, cuando el juez de Oaxaca decidió no vincular a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de 2016, identificado como Ismael “N”. Aunque el oficial fue señalado por el homicidio de al menos dos protestantes, el juzgador consideró que “no había pruebas suficientes” para acreditar su participación.

Cabe recordar que la represión en Nochixtlán sucedió cuando el 19 de junio de 2016 docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la autopista 135-D y la carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca. Esto con la finalidad de instalar una mesa de diálogo sobre la Reforma Educativa.

Sin embargo, lo anterior derivó en un enfrentamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno en el que participaron cerca de 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Se quemaron vehículos y, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se reportaron ocho personas fallecidas y 103 lesionadas (aunque la FGR sólo reconoce seis víctimas mortales).

La cuarta irregularidad que la FGR detectó tiene que ver con la liberación de cuatro personas a principios de noviembre de 2022, mismas que habían sido detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) en la costa de Huatulco, Oaxaca, por poseer 600 kilos de cocaína que eran transportados en una embarcación.

Pese a que la FGR solicitó a Álvaro Niño someterlos a un proceso penal, el juzgador optó por dejarlos en libertad bajo el argumento de que hubo “excesos” en el momento de su detención.

En aquella ocasión, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió a Niño Cruz en su informe semanal “Impunidad Cero” e indicó que la FGR apelaría su determinación. “Aquí lo grave es que ese día se había asegurado una embarcación menor (...) Además, estos sujetos trataron de ralizar disparos de arma de fuego contra la aeronave de la Marina”, expresó Mejía Berdeja.

La quinta y última irregularidad del juez Álvaro Niño se presentó en mayo del año en curso, cuando negó a la FGR vincular a proceso al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y al Director del Registro Civil de Oaxaca, Juan Gabriel Matus y Cristian Hernández, respectivamente.

Esto aunque ambos eran señalados por “incumplir la resolución de un Juez de amparo de ese estado, a quienes les instruyó permitieran la inscripción de tres personas en los registros respectivos para que pudieran obtener copia certificada de sus actas de nacimiento”, detalló la FGR.

Tanto Matus como Hernández son señalados de haber participado en la supuesta supresión de identidad de los hermanos Gómez Conzatti, con la finalidad de apropiarse de un inmueble. Estos hechos forman parte del caso conocido como “Cártel del Despojo”.