La letalidad del Ejército: radiografía de los operativos militares en el gobierno de AMLO

Las aparentes ejecuciones extrajudiciales ocurridas en meses recientes a manos del Ejército han despertado una gran inquietud respecto a la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el país.

En lo que va de 2023, en Nuevo Laredo, Tamaulipas se han registrado por lo menos dos casos en los que el uso excesivo de la fuerza por parte de militares provocó la muerte de diez personas en total.

La madrugada del 25 de febrero, durante una persecución iniciada por “sospecha” de amenaza, por lo menos cuatro agentes del Ejército descargaron sus fusiles en contra de un vehículo tripulado. El saldo fue de cinco hombres asesinados.

Casi tres meses después, el 18 de mayo, más de una decena de uniformados participaron en la detención de cinco jóvenes armados que, tras estrellar su camioneta y verse superados en número, decidieron no oponer resistencia. Los hombres de la Sedena los sometieron y formaron junto a una barda para, posteriormente, disparar en su contra. Ninguno sobrevivió.

En ambos sucesos, la explicación del Ejército fue que actuaron en respuesta a lo que consideraron que podía representar un riesgo. En febrero, decidieron detonar sus armas porque escucharon “un estruendo” —sin especificar si había sido un disparo o algo que efectivamente atentara contra los agentes—, mientras que en mayo argumentaron que habían sido agredidos mientras inspeccionaban la camioneta, aunque esto contrastara con la grabación de los hechos.

Las letales reacciones de los soldados en tales acontecimientos no deben entenderse como situaciones aisladas, pues documentos oficiales de la Sedena reconocen que cuando sus elementos reciben una agresión —o argumentan que la reciben—, la posibilidad de que los atacantes sean detenidos o asesinados es casi la misma.

Informes de la corporación obtenidos por Infobae México a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelaron que entre el 1 de diciembre de 2018 —cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— y el 28 de abril de 2023 hubo un total de mil 118 agresiones a personal del Ejército Mexicano.

Conviene acotar que, en términos de dicha institución, las agresiones son eventos en los que personas civiles agreden con armas de fuego a autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, “quienes se ven compelidos a utilizar sus armas de cargo en defensa propia para repeler la agresión”.

En el periodo mencionado, las contestaciones de los militares a las agresiones tuvieron un saldo de 858 atacantes asesinados y 876 detenidos, de los cuales 186 resultaron lesionados. Por otro lado, en tales hechos hubo un total de 303 militares heridos y 50 agentes del Ejército fallecidos.

Al comparar las cifras proporcionadas por la corporación, por cada uniformado fallecido durante uno de estos episodios han muerto 17 atacantes, lo que da cuenta de la letalidad de las fuerzas castrenses en acontecimientos de esta índole.

La confrontación más mortífera entre el Ejército y civiles armados que se ha registrado durante la presente administración (hasta abril de 2023) ocurrió el 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, Coahuila. Minutos antes del mediodía, una extensa caravana de sicarios del Cártel del Noreste ingresó al pueblo a bordo de al menos 20 camionetas.

Cuando llegaron al Ayuntamiento, descendieron de sus vehículos y descargaron sus armas de alto calibre en contra del edificio. La respuesta de la Sedena derivó en una batalla que terminó con 17 sicarios asesinados y un militar lesionado.

Un suceso casi igual de violento ocurrió un mes antes, el 15 de octubre de 2019 en Iguala, Guerrero. Poco después de las 17:30 horas una llamada de emergencia alertó a las autoridades por la presencia de civiles armados en la comunidad de Tepochica. Eran miembros del cártel de Los Números, emanado de Guerreros Unidos. Ante ello, se solicitó la presencia del Ejército.

Los castrenses se encontraban en la zona realizando trabajos de reconocimiento cuando, de pronto, se toparon de frente con el grupo de sicarios. Un integrante de Los Números que viajaba en la camioneta principal del convoy fue el primero en abrir fuego.

La respuesta del Ejército fue implacable: un solo agente —identificado como el cabo Álvarez— abatió a 14 atacantes con la ametralladora que disparó desde la parte alta de su vehículo. El combate duró apenas un par de minutos. El único militar alcanzado por las balas de Los Números fue, precisamente, el cabo Álvarez, quien murió mientras era atendido en el Hospital General “Jorge Soberón Acevedo”.

Entre los hechos más sangrientos consumados por la Sedena en el presente sexenio también está la ejecución de 12 personas, entre ellas supuestos sicarios de la llamada Tropa del Infierno del Cártel del Noreste, ocurrida el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo.

La madrugada de aquel día, según quedó asentado en el informe policial homologado de la institución, los militares realizaban recorridos de reconocimiento sobre la carretera Aeropuerto cuando recibieron disparos desde tres camionetas tripuladas por hombres armados.

Durante la persecución, tres de estos vehículos cambiaron su ruta y los agentes del Ejército continuaron la caza de la camioneta restante, que perdió el control después de ser impactada por una unidad militar.

La pick up quedó completamente detenida y de inmediato fue rodeada por seis vehículos oficiales, desde donde los soldados descargaron una lluvia de balas con sus torretas y fusiles de alto calibre. En dos ocasiones el comandante de la operación pidió un alto al fuego, pero los disparos continuaron por varios segundos.

Cuando algunos militares se acercaron a la camioneta, se percataron de que una persona que estaba en la batea del automotor seguía con vida, a lo que un soldado ordenó su ejecución. “¡Está vivo, está vivo!”, dijo el primero. “¡Mátalo, mátalo a la v*rga!”, respondió el elemento que, además, portaba una cámara consigo que grabó gran parte de los hechos.

Aunque el informe de la corporación señaló que todas las víctimas eran supuestos miembros del cártel, después se supo que al menos tres de los ejecutados eran jóvenes que habían sido secuestrados por los delincuentes. Los llevaban en la parte trasera de la camioneta, atados de pies y manos. Fueron asesinados sin representar ninguna amenaza.

Se trató de Ángel Núñez, un mecánico de 27 años; Arturo Garza, estudiante de Ingeniería de 19 años; y Damián Genovez Tercero, un migrante de Chiapas de 18 años. Este último fue a quien el soldado habría ordenado, terminantemente, que ejecutaran al darse cuenta de que seguía vivo.

Fue casi un año después, el 17 de junio de 2021, que algunos mandos del Ejército se reunieron de manera privada con la familia de Damián y reconocieron que murió a manos de la Sedena, aunque dijeron que había sido a causa de “un error” en el operativo.

Al revisar los registros de los 53 meses que contempló la solicitud de información a la Sedena, destacan tres hechos particularmente trágicos para los integrantes de la institución.

El 26 de septiembre de 2019, cuando efectivos de la institución realizaban labores de reconocimiento en el municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, fueron emboscados por un grupo de civiles armados, lo que ocasionó la muerte de tres militares que estaban adscritos al 15 Batallón de Infantería de Veracruz.

Aguililla, Michoacán, la cuna de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue el escenario de otro hecho de violencia que cobró la vida de dos militares y causó heridas a uno más el 13 de mayo de 2021. Acorde con diversas fuentes consultadas por este medio, la violencia fue resultado de un enfrentamiento contra miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido a pocos kilómetros de la cabecera municipal.

Otra confrontación entre la Sedena y el crimen organizado que resultó en el fallecimiento de dos agentes ocurrió en Escuinapa, Sinaloa, el 5 de enero de 2023 durante el llamado “segundo Culiacanazo” en el que fue capturado Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

En el mismo enfrentamiento, cinco militares resultaron lesionados. Aquel día, según los registros oficiales, ocurrieron nueve agresiones en todo el estado —siete de ellos en Culiacán y dos en Escuinapa—.

La revisión de estas acciones que involucran al Ejército Mexicano dan cuenta de la forma en que sus agentes están adiestrados, pues su posibilidad para usar la fuerza parece ser aprovechada de manera indistinta siempre y cuando se argumente una agresión. En cuanto perciben una amenaza, descargan sus armas sin mediación alguna.

Esto, además, resulta alarmante si se toma en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Guardia Nacional, una corporación que supuestamente debería cumplir con tareas de seguridad pública y apegarse a su carácter civil, está conformada en un 60,5% por elementos de la Sedena.