Gobierno aceptó investigar a empresa de EEUU en Guanajuato por presunta violación de derechos laborales

Luego de que el pasado 31 de mayo la representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, presentó una nueva queja a México en contra de la empresa de autopartes Draxton, por presuntamente frenar la conformación de un sindicato independiente, este viernes el Gobierno de Federal informó que admitió a revisión dicha solicitud.

A través de un comunicado de la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Raquel Buenrostro, se detalló que ser realizará la investigación pertinente en el marco de las disposiciones establecidas en el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el fin de garantizar el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras de Draxton México, S. de R.L. de C.V., ubicada en la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato.

A partir de la admisión de esta solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Luisa María Alcalde, cuenta con un plazo de 36 días para conducir una investigación interna y determinar la existencia o no de una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa.

“Esta solicitud de revisión presume el supuesto despido de un dirigente sindical; actos de injerencia patronal en las actividades sindicales tendientes a apoyar, controlar y demostrar favoritismo hacia el sindicato titular del contrato colectivo; actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y vigilancia en contra de personas trabajadoras en razón de su preferencia sindical; así como la omisión por parte de la empresa de entregar a las personas trabajadoras un ejemplar del contrato colectivo de trabajo tras su revisión en marzo de 2022″, se lee en el documento.

“El Gobierno de México reitera su compromiso para aplicar en forma efectiva la legislación laboral, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC, garantizando con ello el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país”, subrayó la Secretaría de Economía.

En la queja de Estados Unidos se expone que trabajadores recibieron amenazas e intimidaciones para obligarlos a mantenerse afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal, Mecánica y del Acero, Similares y Conexas “Licenciado Benito Juárez”, perteneciente a la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM), impidiéndoles adherirse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA).

El USTR ratificó que una de las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden en el T-MEC es garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores de libre asociación y negociación colectiva.

En el caso de que no se llegara a una revisión satisfactoria, procedería una sanción comercial en contra de la empresa que se ve inmersa en conflictos laborales, en los que no deben intervenir.

En el caso de Draxton, sorprende que el USTR solicitó al Departamento del Tesoro que suspenda el pago o liquidación de las entradas sin liquidar de productos exportados por la planta de Draxton en Irapuato.

De acuerdo con el sitio web oficial de la compañía de autopartes, la planta de Irapuato comenzó operaciones en 2004 y actualmente tiene en su nómina a al menos 490 trabajadores.

La capacidad de producción anual es de 78 mil toneladas en frenos, tren motriz y transmisión: pinzas, soportes, adaptadores, cigüeñales y nudillos.

Cabe mencionar que se trata de la novena queja de EEUU contra una planta en México y la cuarta en 2023,. Todas en el sector automotriz (GM, Tridonex, Panasonic, Teksid, Manufacturas Vu -dos-, Unique Fabricating, Goodyear y Draxton).