Qué se sabe sobre la inseguridad en Tizayuca: violencia provoca suspensión de clases y de transporte público

La ola de violencia y la presencia del crimen organizado en Tizayuca, Hidalgo, ha provocado que diversos planteles escolares suspendieran las clases presenciales y se interrumpiera -por segunda ocasión- el transporte público, lo que ha afectado a miles de ciudadanos.

El último episodio de inseguridad se registró el martes 6 de junio, cuando el chofer de una combi fue asesinado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas. La víctima fue identificada como Rafael Soto Guitérrez, según el gobierno municipal.

Los agresores dispararon contra el conductor desde una motocicleta y posteriormente huyeron hacia el municipio de Zumpango, en el Estado de México (Edomex). Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo trabajó en coordinación con autoridades mexiquenses para desplegar un operativo e identificar a los responsables, hasta el momento no hay registros de personas detenidas.

Se presume que ese asesinato sería parte de las presuntas amenazas y extorsiones que han recibido los operadores del transporte público, quienes desde el fin de semana pasado mantuvieron un paro de labores ante el cobro de piso que les exigen miembros de un grupo criminal.

Ese mismo martes -antes del homicidio- el paro se había levantado de manera parcial, ya que se llegó a un acuerdo con las autoridades locales para restablecer el servicio, pues la alcaldesa Susana Ángeles se comprometió a garantizar la seguridad para los conductores que laboran en Tizayuca. En ese sentido, la morenista indicó que se atenderían las peticiones de los concesionarios del transporte.

Sin embargo, el asesinato de Rafael Soto y los altos niveles de inseguridad provocaron que los transportistas suspendiera una vez más sus operaciones. Lo anterior generó que se presentara un ausentismo en los planteles escolares de la región, ya que las unidades de transporte público sólo operaban en un 20%, según reportes de Excélsior.

Debido a ello, este miércoles se dio a conocer que varias escuelas de diferentes niveles educativos tuvieron que suspender sus actividades presenciales para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil. Entre ellas se encontraban las secundarias generales Elisa Acuña Rossetti; la número 4, Arnulfo Pacheco Cruz, y la número 5, Antonio Quadrini de Palma.

Otras de las instituciones que llevarán a cabo sus clases a distancia hasta nuevo aviso es la Secundaria Técnica número 50, Armando Soto Basurto. Se desconoce el número total de escuelas que no abrirán sus planteles, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la entidad no ha emitido un informe al respecto.

El encargo del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto, indicó que se abrieron tres carpetas de investigación por lo ocurrido en Tizayuca: una por la agresión física que sufrieron varios conductores, otra por las amenzas que han recibido y una más por el asesinato de Rafael Soto.

Lo cierto es que desde el sábado 3 de junio el gobierno municipal de Tizayuca aseguró que se trabajaba de manera conjunta con las organizaciones del transporte público para atender sus peticiones y reestablecer el servicio a la brevedad.

Dos días después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tizayuca exhortó a la población no difundir textos y audios con contenido intimidatorio, ya que con ellos se propagaba “de manera irresponsable” miedo y pánico en la sociedad. Posteriormente, el martes 6 de junio se desplegó un operativo en el que también participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

“La policía municipal coadyuva con los tres niveles de gobierno en la implementación de operativos de presencia y vigilancia a los transportistas y ciudadanía en general. Los patrullajes se llevan a cabo (...) principalmente en los límites con el Estado de México”, informó la SSC.

Desde principios de junio han circulado en redes sociales videos y audios sobre presuntos miembros de bandas criminales que amenazan a los operadores del transporte público en Tizayuca, exigiéndoles un pago para dejarlos operar. Reportes locales los atribuyen a un grupo denominado “Los Hijos del Diablo”.