La gobernadora del estado de Baja California, Maria del Pilar Ávila, informó este miércoles que ex funcionarios de su antecesor, el también morenista Jaime Bonilla, han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de más de 90 millones de pesos.
En conferencia de prensa en conjunto con Rosina del Villar Casas, secretaria de la Honestidad y Función Pública (SHFP), y Juan José Pon Méndez, consejero jurídico de gobierno del estado, se expuso que cerca de 15 ex funcionarios de la Secretaría de Educación utilizaron dicha cantidad de recursos públicos para simular la compra de uniformes escolares y lavabos en la época de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
“Los recursos públicos son sagrados y deben utilizarse de manera responsable y eficiente en beneficio del pueblo”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.
Del Villar detalló que se pagaron 31 millones de pesos a un proveedor de uniformes. En cuanto a los lavabos, se compraron seis mil, pero hay un faltante de 3 mil 400, con un recurso desviado de 66 mil millones de pesos.
Los recursos públicos son sagrados y deben utilizarse de manera responsable y eficiente en beneficio del pueblo.
— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 31, 2023
Por ello, la Secretaría de Honestidad y Función Pública, respaldada por la Consejería Jurídica, trabajan de manera conjunta con un plan de trabajo claro y ordenado.… pic.twitter.com/tMROpXGZh3
“Es una compra de uniformes en tiempo de pandemia, cuando ni siquiera teníamos clases en las escuelas. Treinta y un millones de pesos se compraron a un proveedor cuando los uniformes no se entregaron”
La funcionaria estatal dijo que el principal señalado firmó la factura solicitando la premura de una transferencia de pago por el total del monto, por lo que, al ser recurso federal, se presentó la denuncia ante la FGR
Otra irregularidad se dio también durante el periodo de pandemia, donde aprovechando el decreto para omitir procesos de licitación para medicamento, la administración de Jaime Bonilla Valdez, por parte de Alonso Pérez Rico, como secretario de Salud, compró medicamento a sobreprecio y de manera directa, pese a que dicho producto no estaba relacionado con el combate a la COVID-19.
La titular de SHFP comentó además que se han tardado en realizar investigaciones debido a que cuando llegaron a la administración no había un solo expediente, y las diligencias realizadas las habría hecho mejor un pasante de derecho.
“Expedientes no los encontramos tuvimos que recurrir, tenemos un mil 200 millones de pesos donde nos han estado regresando los expedientes para suplir las deficiencias. Fue una denuncia presentada urgentemente y así lo recibimos. Hay omisión, si se va a proceder al respecto”
Mientras que Pon Méndez agregó que las investigaciones administrativas continúan, por lo que no se descarta que los organismos encargados de la procuración de justicia den como resultado la responsabilidad de más personas involucradas en actos de corrupción, mismas que serán remitidas además ante el Poder Judicial del Estado.
Finalmente, la gobernadora morenista señaló que, de la gestión de Bonilla Valdez, de 2019 a 2021, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones. De estas 46 han sido turnadas a investigación y otras cinco en proceso de turnar a investigación.
Derivado de las indagatorias se han iniciado 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones.
Por ello, se han presentado ante la FGR 20 denuncias penales contra el ex mandatario por diversos casos de corrupción y el desfalco de las arcas públicas.
A inicios de mayo pasado, Morena expulsó de sus filas a Jaime Bonilla Valdez luego de que aceptó el cargo de comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en Baja California sin renunciar al partido guinda de manera oficial.