Dos personas implicadas con el caso García Luna trabajan en el gobierno de AMLO, destapó Loret de Mola

Hace unos días se dio a conocer que la FGR había logrado 61 órdenes de aprehensión contra personas ligadas a Genaro García Luna; dos de ellas son contra trabajadores del gobierno de AMLO

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Hace unos días se dio
Hace unos días se dio a conocer que la FGR obtuvo 61 órdenes de aprehensión contra personas implicadas en el caso de Genaro García Luna. (Foto: AFP)

Hace unos días, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), órgano que es liderado por Alejandro Gertz Manero, obtuvo un total de 61 órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas a contratos de penales federales realizados durante la época de Genaro García Luna.

Sin embargo, dos de las personas que se encuentran en esas órdenes de aprehensión trabajan en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así lo dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola en su noticiero en el medio Latinus.

El primero de ellos es Antonio Molina Díaz, quien es actualmente el Director General de Control de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM). Cabe destacar que Molina Díaz está vinculado a la tragedia de una estación migratoria ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado mes de enero, en el que, en un incendio, murieron 40 migrantes.

Molina Díaz fue vinculado a proceso el pasado mes de abril por este caso, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Y es que de acuerdo con los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante una audiencia, Molina era el encargado de garantizar la seguridad y procurar la protección civil en las instalaciones migratorias.

Antonio Molina Díaz, actualmente es
Antonio Molina Díaz, actualmente es el Director General de Control de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM). (Twitter/@JA_RodriguezC)

El otro implicado en el caso de García Luna que trabaja en la actualidad en el gobierno de López Obrador, es el general Sergio Alberto Martínez Castuera Arroyo, pues la FGR lo acusó de ser parte del esquema de desvío de recursos en la construcción de penales federales, ideado por Genaro García Luna.

Él ha trabajado en el gobierno del presidente López Obrador desde el año 2019, cuando se integró al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, quien se encarga de la operación de las cárceles federales. Él llegó a ese cargo de la mano de Francisco Garduño, quien fue el primer responsable de las prisiones del gobierno de AMLO, para luego encabezar el INM.

Martínez Castuera, desde su cargo en el gobierno de López Obrador, se libró de la acusación de la FGR por el tema de García Luna, e incluso, en febrero del 2023, se integró al INM como subrepresentante federal con nivel de director de área. El periodista Loret de Mola también reveló que el hermano de Martínez Castuera, de nombre Héctor Martínez Castuera, también trabaja en Migración como titular de la coordinación de oficinas de representación.

Irregularidades en contratos para construir penales federales

Martínez Castuera, cuando era el responsable de vigilar y operar los penales de alta seguridad del gobierno mexicano, en 2021, estuvo en la mira de la FGR para ser imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en los contratos para construir y operar ocho penales federales.

La FGR acusó a Sergio
La FGR acusó a Sergio Alberto Martínez Castuera, de ser parte del esquema de desvío de recursos en la construcción de penales federales, ideado por Genaro García Luna. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El mando militar, además, enfrentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, de la que incluso se envió copia al presidente López Obrador, así como al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En ese entonces, Martínez Castuera fungía como coordinador de los Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por lo que tenía a su cargo el funcionamiento de los Centros Penales Federales que operan bajo los contratos de prestación de servicios (CPS) y los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

En ambos casos se trata de las cárceles de mediana y alta seguridad para internos acusados de delitos federales; las primeras, bajo control de la iniciativa privada para el manejo de sus recursos financieros, y las segundas, bajo la operación directa del gobierno federal tanto a escala administrativa como de seguridad.

También se acusó al general de División, con maestría en Seguridad Nacional, de utilizar su actual cargo en la administración pública para colocar en puestos directivos del Instituto Nacional de Migración (Inami) a su hermano Héctor Leoncio Martínez Castuera y a su hija Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo.

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