El 21 de mayo de 2023 se cumplió un año del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez abogada y activista que fue reconocida principalmente en temas de perspectiva de género. Pues se dedicó a la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas en situaciones vulnerables.
A un año de su muerte, sigue sin haber justicia en su caso, ya que el proceso para dictar sentencia a los presuntos asesinos se mantiene estancado.
De acuerdo a un comunicado emitido por la familia de Cecilia Monzón, la situación no avanza debido “al uso de los artilugios legales de la defensa de los asesinos y por la falta de interés y/o desidia de algunas áreas de la Fiscalía General del estado de Puebla”, indicaron.
“Fue asesinada en el interior de su camioneta por dos sujetos armados, quienes a bordo de una motocicleta dispararon en seis ocasiones contra su vehículo”
Adicionalmente los familiares revelaron que las investigaciones realizadas por parte de la Fiscalía del estado de Puebla señalaron que dicho atentado “fue perpetrado por Jair Mauricio Domínguez Rodríguez y Silvestre Ramírez Vargas; quienes habían estado vigilando a Cecilia Monzón desde días atrás por órdenes de Javier López Zavala”.
Zavala es conocido como exdiputado local, diputado federal, secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres y candidato a gobernador del Estado de Puebla en 2010.
“Fue López Zavala quien entregó a su sobrino Jair la motocicleta y el arma homicida”
Una vez ocurrió el feminicidio de Monzón, los dos hombres se dieron a la fuga a bordo de una camioneta que resultó ser propiedad de Santiago Bárcena, exfuncionario de la secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla.
Tras una orden de aprehensión, Javier, Santiago, Jair y Silvestre fueron capturados, no obstante el 29 de agosto de 2022 Santiago Bárcena obtuvo un amparo argumentando que la Autoridad Federal consideró que la Fiscalía “no aportó suficientes pruebas para comprobar su complicidad” y finalmente, el 21 de enero de 2023 se dio a conocer su liberación.
“La unidad especializada en feminicidios de Fiscalía General del estado de Puebla se toma con tibieza las cuestiones más delicadas de la causa”
Incluso la familia ha comenzado a cuestionarse si se encuentran ante una simple “desorganización en una de las causas más importantes o es que se enfrentan a influencias o pactos políticos”.
Exactamente el sábado 21 de mayo con girasoles y veladoras colocadas en el lugar donde fue asesinada la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, la Red de Mujeres poblanas honró su memoria y pidieron justicia para que los hechos no queden impunes.
Aproximadamente 50 mujeres de diferentes colectivos y asociaciones feministas se dieron cita en el municipio de San Pedro Cholula, perteneciente al central estado mexicano de Puebla.
La ley que inspiró Cecilia Monzón
Cecilia Monzón, fue asesinada cuando circulaba a bordo de su automóvil. De acuerdo con las primeras versiones, la mujer sufrió un ataque directo por parte de dos sujetos armados que la siguieron a lo largo de una vialidad ubicada en el municipio de San Pedro Cholula.
Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Cholula, diversas versiones recabadas por agentes del organismo señalaron que la activista fue perseguida por dos hombres a bordo de una motocicleta desde el Periférico. Los sujetos la interceptaron cerca del puente Periférico Ecológico y Silvestre Ramírez Vargas (quien ya fue detenido), le disparó al menos seis veces con una pistola de 9 milímetros. Todos los implicados huyeron; Javier López Zavala y Jair se ocultaron en Chiapas; mientras que Silvestre en Veracruz.
Cabe recordar que todas las batallas que enfrentó Cecilia no fueron en vano, pues inspiró una ley que fue aprobada el pasado mes de marzo en el estado de Puebla. Se trata de la Ley Monzón, la cual a través de reformas al Código Civil y al Código Penal, plantea quitar tanto la patria potestad de sus hijos, como la tutela y la convivencia a todo aquel que resulte ser vinculado como feminicida.
Adicionalmente, además de la perdida de la tutela de los infantes, la nueva ley contempla una pena de ocho años para aquellos funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como diez años de inhabilitación.