Abogado de El “Güero” Palma señaló irregularidades en nuevas acusaciones: “Ahora es preso político”

Héctor El Güero Palma ha permanecido 28 años en cárceles de México y Estados Unidos. En al menos dos ocasiones ha estado a punto de recuperar su libertad, pero hasta el momento no lo ha logrado. Debido a ello, su defensa legal acusó que el estatus del ex capo de 63 años es de “preso político”.

“Ayer se venció el término constitucional a las 10:00 de la noche y se dictó auto de formal prisión. Esto nos confirma que su estatus pasa a ser un preso político”, señaló el abogado José Gabriel Martín Hernández en entrevista con Infobae México.

Lo anterior luego de que el 24 de mayo un juez con sede en Jalisco declaró a Palma Salazar como formalmente preso, debido a su presunta implicación en el homicidio de Juan Castillo Alonso, subdirector del penal de Puente Grande, el cual ocurrió en diciembre del año 2000.

“Su estatus ya es de preso político por las instrucciones del señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador), encomendado a la Fiscalía General de la República (FGR) que usara como gestora a la Fiscalía del estado de Jalisco”, declaró Martín Hernández.

Los señalamientos del abogado de El Güero Palma tienen que ver, en parte, con las credenciales de los testigos que declararon en contra del cofundador del Cártel de Sinaloa, ya que asegura son “falsas”. Y es que la firma y la huella de uno de ellos -identificado como Marcelo Piña- no coinciden, según la intervención de un perito en documentoscopia, grafoscopia y dactiloscopia que la defensa solicitó.

En ese sentido, indicó que se trata de una supuesta “manipulación” al Poder Judicial y a las Fiscalías estatales, mismas que el titular del Ejecutivo estaría tratando como gestoras para que Palma Salazar permanezca en prisión. “Por eso, siguiendo la directriz del señor Presidente, pues nos vemos ante un inminente estatus de preso político del señor Palma. Lo demostraremos”, agregó.

La razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha encomendado a la FGR usar como gestora a la Fiscalía de Jalisco -según el abogado- tiene que ver con unas declaraciones que el tabasqueño emitió en mayo de 2021, luego de que se ordenara la liberación del ex capo sinaloense.

“No es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado”, señaló AMLO en su conferencia matutina del 3 de mayo de 2021, luego de que el 30 de abril el Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en el estado de Jalisco emitió una sentencia para se dejara en libertad a Palma Salazar.

Al respecto, el mandatario federal señaló que la decisión del Poder Judicial no fue la más adecuada, además de que cuestionó las razones por las que dicha orden se emitiera en un sábado. “No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’”.

“No es un asunto personal, repito, no es un asunto del Poder Judicial, de la Secretaría de Seguridad Pública, es el Estado. Imagínense la sospecha, las burlas, los memes”, mencionó López Obrador en aquella ocasión, pues indicó que se tenía que cuidar el decoro, la dignidad y el prestigio del Gobierno mexicano.

“No podemos nosotros decir que el señor debe permanecer en la prisión porque el juez está ordenando de que se le libere, porque ya terminó su condena o ya ha quedado absuelto; sin embargo, amerita que se explore, nos informemos todos que no hay ningún pendiente y, de ser así, pues que se cumpla el mandanto del juez, pero no hacerlo el sábado en la madrugada”, agregó el tabasqueño.

Tras las declaraciones de AMLO, la defensa de Palma Salazar solicitó que se explicaran cuáles eran los motivos o circunstancias por las que su caso había sido considerado como asunto de Estado.

“¿Qué signficia decir ‘asunto de Estado’? Que él no es atendido como un gobernado más, sino como una persona de interés público, pero en el tema de un preso político”, explicó el abogado José Martín.

“Esta situación ya fue resuelta por la Corte por unanimidad de ministros, en la cual se determinó que el asunto del señor Palma no era de interés nacional ni social (...) Entonces quedó determinado ese estatus, que es un gobernado que lleva 28 años sujeto a acusaciones falaces y que él ha demostrado mediante sentencias favorables”, detalló.

“Que la sociedad sea la que realmente juzgue las palabras del titular del Ejecutivo en contra de un gobernado más. Aún cuando está bajo una circunstancia de preso vulnerable, ahora lo ha subido a rango de preso político, lamentablemente”, señaló el letrado.

De acuerdo con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una persona privada de su libertad puede ser considerada como un “preso político” en los siguientes casos:

1) si la detención fue impuesta por razones meramente políticas, sin conexión con algún delito.

2) si la duración o las condiciones de la detención se encuentran fuera de proporción en comparación con el delito por el cual la persona fue declarada culpable o presunta responsable.

3) si, por motivos políticos, la persona fue detenida de manera discriminatoria.

4) si la detención fue el resultado de procedimientos “que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionada con motivos políticos de las autoridades”.

En cambio, Amnistía Internacional emplea el término “preso de conciencia” para referirse a aquellas personas que, sin haber recurrido a la violencia, son privadas de su libertad debido a sus creencias religiosas, postura política, origen étnico o idioma.