AMLO expuso supuesto lobby de abogados que “trafica influencias” en la SCJN

Tras reprochar la anulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decreto de obras prioritarias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso a un grupo de abogados que, supuestamente, sostienen relaciones de interés con miembros del Tercer Poder de la Unión.

Bajo ese tenor, el Jefe del Ejecutivo acusó que dichos juristas formarían parte de una asociación que supuestamente ha promovido los amparos en contra de las magna obras de la administración, tales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

“Todos los amparos a las obras se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Existe una asociación de abogados que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo desde la construcción del Felipe Ángeles”, aseveró durante su conferencia matutina de este martes 23 de mayo.

De esa manera, el mandatario tabasqueño se lanzó contra cuatro personalidades: el exministro José Ramón Cossío; Miguel Gómez-Mont Urueta, exsecretario de Gobernación, y los abogados Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco. Asimismo, mencionó a la asociación Litigio Estrategia y la acusó de estar vinculada con el magnate Claudio X. González.

En sesión del pasado lunes 22 de mayo, la Suprema Corte invalidó el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador que blindaba la información de las obras con sello de la Cuarta Transformación (4T) al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

Entre los proyectos que se incluían en el “decretazo” estaban la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Con 6 votos a favor, el Pleno del Máximo Tribunal resolvió la controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues el decreto presidencial le impedía cumplir su función debido a la opacidad en torno a los costos de las obras, responsables y licitaciones de las mismas.

En respuesta, el pasado lunes 22 de mayo el Presidente López Obrador emitió otro decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se expropiaron 113 mil metros cuadrados de terreno de propiedad privada en el Estado de México, con el objetivo de construir los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la Línea 1 del Tren Suburbano.

Este martes, el tabasqueño explicó que el Gobierno Federal se adelantó a emitir los decretos para proteger las “obras prioritarias”, pues sabían que en la Corte iban a tratar de frenarlos: “No estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada, todos los amparos a la sobras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados del Poder Judicial”, reclamó.

“Nos adelantamos, porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, obras importantes de beneficio para la gente. A la Corte, como se dice coloquialmente, ‘ya la perdimos’, yo creo que siempre había estado alejada del pueblo”, añadió.

Luego de acusar que el tercer poder de la Unión está “al servicio de los potentados, de la minoría, de la oligarquía”, López Obrador reiteró que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pues las y los ministros de la Suprema Corte “no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo” mexicano.

“No les importamos. Es como vivir en otro mundo, existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial”, concluyó.