UIF expuso “millonarios contratos” que vinculan a funcionaria de la SCJN con García Luna

Por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abundó en la supuesta contratación de una exfuncionaria cercana a Genaro García Luna por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fue durante su conferencia matutina del pasado 19 de mayo cuando López Obrador acusó a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a Sonia Vargas Terreno como Directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal de la República.

Lo anterior, según titular del Ejecutivo Federal, pese a que la funcionaria laboró como Directora de Recursos Materiales durante el periodo de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón.

Ese viernes, López Obrador dio a conocer que el asunto está vinculado con las indagatorias en torno al expolicía, declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

El mandatario tabasqueño detalló que Vargas Terrero firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva, con empresas que actualmente se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de mayo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, abundó que Sonia Vargas habría sido responsable de la firma de contratos millonarios durante dos sexenios consecutivos: “El primero de ellos, encabezado por Felipe Calderón y el segundo por el último presidente anterior que tuvimos en nuestro país, [Enrique] Peña Nieto”.

Además, aprovechó para exponer “la trama de corrupción” de Genaro García Luna, que involucra a exfuncionarios en la extinta Policía Federal, quienes firmaron contratos por más de 700 millones de dólares.

Entre los exfuncionarios se encuentran hombres cercanos a García Luna, como el excomisario general de la Policía Federal, Facundo Rosas, y el exdirector de Seguridad Regional de la corporación, Luis Cárdenas Palomino, detenido por el delito de tortura en el caso Cassez-Vallarta.

De acuerdo por Pablo Gómez, los nombres que figuran en los contratos forman parte de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República: “No son personas desconocidas, están sujetas a una investigación, pero no se trata, en este caso, de cualquier ilícito. Estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción cuyo resultado económico está siendo reclamado por México”, comentó.

“Todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y, por lo tanto, autorizaron las erogaciones”, denunció Pablo Gómez

En ese sentido, apuntó que actualmente está detenido el juicio civil interpuesto por el Gobierno de México en un juzgado de Florida, Estados Unidos, para restituir parte de los bienes y recursos que se le acreditaron a Genaro García Luna.

“En este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero el estado de Florida tiene competencia para la demanda de restitución de bienes que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas, en el estado de Florida”, explicó Pablo Gómez.

Cabe recordar que enero pasado, López Obrador anunció que el Gobierno Federal buscaría que Estados Unidos “regrese” 700 millones de dólares a México, cifra que, se estima, es parte de la riqueza acumulada por Genaro García Luna por sus nexos con criminales.