“Ocupación temporal de instalaciones se convertirá en un deterioro de la empresa”, advirtió Grupo México

Grupo México advirtió que la toma de sus instalaciones por parte del gobierno federal tendrá consecuencias, como lo es el deterioro de la empresa, de sus empleados, clientes, así como del libre mercado, esto a unos días de que se publicó el decreto por el que se declararon de utilidad pública tres tramos de las vías férreas de su subsidiaria Ferrosur.

La empresa, propiedad de Germán Larrea, indicó que mantenía negociaciones con el gobierno federal, las cuales enfrentan una “circunstancia difícil” luego de la publicación del decreto el pasado 19 de mayo.

Explicó que estas negociaciones iniciaron luego de que firmó a principios de 2022 un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción de una segunda vía con independencia operativa, la cual sería entregada a la Secretaría de Marina (Semar).

Se indicó que una vez que el acuerdo se firmó, Grupo México inició las obras para la construcción de esta segunda vía por lo cual ejerció gastos por varios millones de pesos y afirmó que el gasto total de este proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que la empresa paga cada año.

Grupo México dijo que esto llegó a su fin cuando el gobierno desechó el acuerdo, por lo cual se ha buscado establecer uno nuevo en el que se atiendan tanto las preocupaciones de la administración federal como las obligaciones con accionistas, y sin que se afecte a sus clientes y empleados. Dado que este contacto se mantenía, la empresa señaló que la decisión de tomar sus instalaciones resultó sorpresiva.

“Estando en curso este proceso de negociación, resultó sorpresiva e inusitada la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes, a pesar de la GMXT sigue dialogando para buscar una solución en el marco del Estado de Derecho y con viabilidad para las partes”, indicó en un posicionamiento publicado este domingo.

Indicó que el mismo 19 de mayo, cuando la empresa fue sorprendida con la publicación del decreto presidencial se tenían previstas reuniones con el gobierno federal para trabajar en torno a la construcción de la segunda vía de independencia operativa.

En estas reuniones, indicó, se tenían previstos avances de las negociaciones, en las cuales, de no llegar a un acuerdo, tendrán consecuencias en la empresa misma como lo son su deterioro, el de sus empleados, clientes y del libre mercado.

Grupo México indicó que a dos días de distancia de que se publicó el decreto presidencial para la utilidad pública de tres tramos de sus vías, continúa analizando los alcances y afectos que este documento tendrá, con lo que podrá saber qué acciones podrá emprender para hacerle frente.

“Al mismo tiempo y a pesar la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes mientras el gobierno federal le permita operar sis tren y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en condiciones óptimas de seguridad y tráfico”, señaló.

Y es que como parte de los acercamientos con la administración federal, se expuso que la empresa del Estado, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, tenía ya el derecho de paso sobre el tramo que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz.

Pese a ello, el gobierno insistió en que la Secretaría de Marina cuente con la concesión, lo que implica que la dependencia deberá estar a cargo del cuidado y la operación de la vía y los patios.

La decisión del presidente López Obrador cayó por sorpresa, pues durante la semana, mencionó en al menos una ocasión a Germán Larrea y Grupo México, aunque no por la situación en torno a la ocupación de las vías de Ferrosur, sino al hablar sobre la posible compra de Banamex.

En esa oportunidad el presidente López Obrador aprobó la compra del banco por parte de esta empresa, pues cubría los requerimientos que él mismo puso para ello, en la espera de que se conociera si Grupo México estaba al corriente en sus pagos de impuestos.

“Sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y, si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar, en el caso de la venta o compra del banco no hay problema”, indicó el mandatario.

En ese mismo contexto, el presidente se reunió ese mismo 16 de mayo con al menos siete integrantes de su Consejo Económico Asesor en Palacio Nacional. Aunque se conocieron pocos detalles sobre esta reunión, a este encuentro acudieron integrantes del grupo de empresarios que está conformado, entre otros, por Carlos Hank González, Daniel Chávez, Olegario Vázquez Aldir y el mismo Germán Larrea.

Previo al posicionamiento de Grupo México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el cual manifestó su inconformidad y preocupación por el decreto presidencial.

En su documento señaló una “contriovertida legalidad” en el decreto que se publicó la mañana del viernes, y señaló que este llegó en un momento de “grandes oportunidades” en el que el sector empresarial.

Reclamaron también que los empresarios manifestaron su disposicón a participar con el gobierno en los proyectos que se realizan en la región sur del país, por lo que se reiteró la apertura al diálogo para ayudar a que las decisiones de las autoridades mantengan la confianza y, con ello, la inversión y el crecimiento en el país se fortalezcan.