Por qué la SCJN votó en contra del Plan B de AMLO: estos fueron sus argumentos

Durante la sesión del 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la primera parte del Plan B de reforma electoral, que contemplaba cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

El proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y se derivó de una acción de inconstitucionalidad impulsada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), luego de la aprobación vía fast track de las reformas en diciembre de 2022.

Las violaciones al proceso legislativo fueron, precisamente, el eje que dirigió la discusión en el Pleno de la SCJN, durante la cual cada ministro y ministra expuso sus argumentos.

Conviene resaltar que, para invalidar esta fracción del Plan B, el proyecto de Pérez Dayán necesitaba al menos ocho votos a favor y recibió nueve. Las únicas que se posicionaron en contra fueron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

Además de Pérez Dayán (ponente del proyecto), se inclinaron por la anulación de la primera parte del Plan B las y los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

El principal argumento de Pérez Dayán fue que las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas no fueron las mismas que se habían presentado para la discusión en la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2022.

Derivado de esto, el decreto “no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo”, pues las y los legisladores no conocían el contenido de la iniciativa.

Conviene subrayar que en esa fecha, las y los diputados rechazaron la Reforma Electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esa misma noche se presentó una copia del Plan B, de cientos de páginas, que fue discutida y aprobada cerca de las dos de la mañana del 7 de diciembre. Ello impidió, en palabras de Pérez Dayán, que las y los diputados participaran “de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática”.

Por otro lado, la ministra Ríos Farjat criticó que las reformas fueran aprobadas en San Lázaro con tanta premura, pues “se votaron esa noche bajo una urgencia que no se demostró”.

En este sentido, expuso que el trámite de urgencia “es una medida excepcional que limita la capacidad deliberativa”, por lo que no debería operar como una regla, sino como una excepción para casos en los que seguir el proceso ordinario pudiera causar afectaciones a la sociedad.

González Alcántara Carrancá calificó este caso como “novedoso”, pues las reformas a las leyes que resultan de “máxima importancia” llegaron a la Cámara de Diputados “a las diez de la noche y, en menos de cuatro horas, ya habían sido aprobadas en lo general y en lo particular por ese mismo órgano”.

En consecuencia, todo parece indicar que, por la mera extensión del documento, nadie de los presentes tuvo la posibilidad real de leer la propuesta. Así, se omitieron las formalidades del procedimiento que garantizan “un resultado racional, informado, transparente, público y justificado”.

El ministro Luis María Aguilar Morales criticó la forma en que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM) impulsaron la propuesta que nació en el Ejecutivo Federal, pues aprovecharon su mayoría parlamentaria en detrimento del debido proceso.

“No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México”, aseveró el colegiado.

Arturo Zaldívar expuso como una de las principales fallas al proceso que el paquete de reformas no había sido publicado de manera previa a su discusión, conforme dictan las normas, por lo que se vulneró el principio de libertad e igualdad para las y los diputados en el debate.

El ministro Ortiz Mena acotó que las violaciones suficientemente graves para invalidar la primera parte del Plan B fueron dos, principalmente: la dispensa del trámite legislativo (es decir, la discusión urgente) se realizó “sin ninguna motivación” y no hubo un “plazo razonable” para que las y los diputados leyeran la iniciativa y se formaran una opinión al respecto.

Al participar en la sesión, Pardo Rebolledo enfatizó el impacto que tuvo la prisa con la que se presentaron y votaron las reformas, especialmente en los partidos que conforman las minorías de la Cámara, pues se les negó la oportunidad de conocer el contenido y discutir sus puntos de vista sobre las reformas.

Javier Laynez Potisek destacó que la Junta de Coordinación Política debe salvaguardar su carácter como órgano político, no jurídico, y no podía sobreponerse a los derechos de las y los legisladores.

Además, expresó que la figura de la urgente resolución ha sido utilizada de manera frecuente, “pero eso no puede llevar a que, una vez votado por la mayoría [...] se proceda a la votación directa sin dictamen de estas iniciativas”.

Finalmente, la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, calificó al procedimiento como “precipitado” y, debido a la complejidad técnica de las reformas propuestas, era inviable que los diputados conocieran el contenido en su totalidad, lo cual vulneró “la equidad en la deliberación parlamentaria”.

Bajo esta narrativa, aseguró que “sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos”.

La votación en la SCJN fijó un precedente que podría derivar en la anulación de la segunda parte del Plan B, así como en la invalidación de 12 iniciativas aprobadas en el Senado de la República entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril.