Luego de que el Gobierno Federal publicara un nuevo reclamo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el proyecto que pretende invalidar la primera parte del Plan B, Lorenzo Córdova advirtió que revisar la Constitución Política ayudaría a la Presidencia a solucionar este tipo de conflictos.
Por medio de sus redes sociales, el exconsejero presidente el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado, de manera irónica, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a revisar la Carta Magna, debido a que su postura no estaría alineada con lo establecido en la ley.
“A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos”, escribió Córdova Vianello.
En su comunicado oficial, el Gobierno de México acusó que la SCJN “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión” en caso de invalidar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre de 2022.
Como argumento, la Consejería del Ejecutivo citó el principio de división de poderes como la máxima prohibición a la que se enfrentaría la Suprema Corte y sostuvo que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán “viola el artículo 17 constitucional”, el cual establece que “el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas”.
Sin embargo, el artículo 105 reconoce las facultades de la SCJN para conocer y discutir las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se interpongan ante las normas, tal como ocurrió con el Plan B.
“Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos”, especifica el artículo 105 de la CPEUM.
La madrugada del 7 de diciembre de 2022, luego de que la Cámara de Diputados rechazara la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador, una copia del Plan B con modificaciones secundarias fue presentada ante el pleno. Minutos después, se aprobó su discusión y votación, pese a que las y los legisladores no lo habían leído.
Por tal motivo, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) interpusieron una acción de inconstitucionalidad que luego se vio reflejada en el proyecto del ministro Pérez Dayán.
El posicionamiento de la Presidencia acusó que el proyecto de Pérez Dayán descartó el concepto de la dispensa de trámite, una de las atribuciones de las y los legisladores para someter un asunto a debate y votación sin pasar por comisiones cuando es de urgente resolución.
Los “vicios” e irregularidades en el proceso legislativo son, precisamente, el principal fundamento del proyecto de Pérez Dayán que calificó como “procedente y fundada” la acción de inconstitucionalidad contra el Plan B.
“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, argumentó el ministro.
Será este 8 de mayo cuando el pleno del Máximo Tribunal someta este tema a discusión nuevamente. El proyecto de Pérez Dayán necesita al menos ocho votos a su favor para poder invalidar la primera parte del Plan B.
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