No sólo el Plan B: criterio de la Corte podría invalidar más iniciativas de Morena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto bajo el criterio de que el Congreso de la Unión incumplió el debido proceso legislativo para aprobar las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esto fue en atención a las impugnaciones promovidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en los juicios 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023.

En consecuencia, el ministro Alberto Pérez Dayán promovió un proyecto de sentencia en el que se advierten violaciones al proceso legislativo en el que fue aprobada la primera parte del Plan B, por lo que propuso invalidar la primera parte de la iniciativa presidencial y, cuando fue sometida a discusión y votación este lunes 8 de mayo, la SCJN determinó que la Reforma Electoral de AMLO no va.

Al respecto, el magistrado ponente determinó que “son procedentes y fundadas la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas”. Esto porque advirtió vicios en el quehacer legislativo tanto por parte de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.

Además de que se espera una resolución similar para la segunda parte del Plan B, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se espera que, de acuerdo con las declaraciones de la oposición, se tiren 12 iniciativas recientemente aprobadas.

Y es que en la noche del 28 y madrugada del 29 de abril, el Senado de la República aprobó, con la mayoría de Morena, 20 iniciativas, algo que fue condenado por las fuerzas opositoras, por lo que anunciaron que, derivado de este desaseo en el proceso legislativo, apelarán ante la SCJN para buscar su invalidez.

Por ejemplo, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que la oposición ya puede proceder ante la Suprema Corte contra las iniciativas aprobadas en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, pues desde el 3 de mayo se encuentran en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En respuesta, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, defendió el proceso y recalcó que el cierre del Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara Alta se llevó a cabo con base en el Reglamento de este órgano legislativo y en la Ley Orgánica del Congreso.

Sin embargo, cabe recordar que Morena, al igual que con el Plan B, estaba seguro de que el proceso legislativo era válido, pero la Corte determinó que no. Y es a través de un recurso similar por el cual la oposición anunció que buscará invalidar, al menos 12 de las 20 iniciativas aprobadas por el bloque mayoritario en el Senado.

En este sentido, Ricardo Monreal advirtió una inconsistencia, pues lo que quiere la oposición es invalidar sólo las iniciativas con las que no coincide; no obstante, el criterio con el que buscan invalidarlas es igualmente aplicable para las 20 que se aprobaron en dicha sesión, por lo que sostuvo que se trata de una agenda política y no una legislativa

Por lo que el criterio que utilizó la Corte para invalidar la primera parte del Plan B de AMLO también podría ser aplicado en 12 iniciativas aprobadas por el Senado de la República en su última sesión ordinaria.