Ley Minera: cómo afecta la reforma a Carlos Slim, Germán Larrea y la familia Bailléres

Este sábado, el Senado de la República aprobó una serie de reformas en varias leyes: la Ley de Aguas Nacionales; la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley Minera.

Estas modificaciones limitan y regulan el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales en el país, eliminan la minería como una actividad preferente y obligan a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que deseen asentar sus actividades.

La reforma parecía estar estancada en el Senado, pues días atrás recibieron la minuta por la Cámara de Diputados. Los motivos de que pareciera estancada eran el cabildeo que las empresas mineras hacían con los senadores que integraban las comisiones de Minera y Desarrollo Regional y Estudios Legislativos Segunda.

Además, por una estrategia de la bancada de oposición que un día atrás tomó la tribuna de la Cámara para impedir que se aprobaran las 19 minutas pendientes en el Senado.

Sin embargo la estrategia no funcionó, y entre protestas y una sede alterna, la sesión ordinaria del Senado se realizó con la con la mayoría de los diputados de Morena y su bloque de aliados que integran la Cámara. Al final, las reformas se aprobaron con 66 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La reforma a la Ley Minera le quita a la minería el carácter de preferente, además de acortar el plazo de las concesiones de 50 a 30 años, y eleva los requisitos para los permisos de extracción de agua, entre otros cambios. Esto supone un golpe directo para las grandes mineras del país, como Grupo México, que pertenece a la segunda persona más rica del país, Germán Larrea, así como Minera Frisco, de Carlos Slim, la persona más rica de México y una de las más ricas del mundo, y Peñoles, perteneciente a la Familia Bailléres, otra de las familias más acaudaladas del país. También podría afectar a un centenar de firmas canadienses.

La Ley Minera que estaba vigente, fue promulgada en 1992. En la reforma que se acaba de aprobar, las concesiones mineras pasaron de un plazo de 50 a 30 años, con derecho a una prórroga adicional de 25 años. Además, la reforma obliga a las compañías del sector privado a devolver al menos 5% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones. El documento, además, prohíbe la explotación de minerales y la disposición de residuos mineros en áreas naturales protegidas y humedales.

También incluye un endurecimiento en los requisitos para obtener una concesión minera, exigiendo una consulta previa a los pueblos originarios, además de facilitar la revocación del permiso por daños al medio ambiente. Además permite el otorgamiento de asignaciones mineras a empresas paraestatales. En la exposición de motivos de la reforma se enfatizó la necesidad de recuperar la “rectoría del Estado” sobre los recursos minerales del país.

También se menciona que “han pasado más de tres décadas de empleos perdidos, despojos, daños ambientales severos, conflictos sociales y prácticamente nulos beneficios económicos para el país, desde que fueron promulgadas las reformas neoliberales en materia de minería y aguas nacionales”.

Se dice que los dueños de las grandes mineras en México, Carlos Slim, Germán Larrea y la familia Bailléres, se encontraban a la expectativa de lo que resolvían los senadores para ver qué impacto tenía en sus negocios la nueva reforma a la Ley Minera.

Especialistas han mostrado estar a favor, algunos, y en contra, otros. Por ejemplo, Violeta Nuñez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dijo que la reforma a la ley que regula la minería en el país, representa un paso adelante, pues pone límites a las grandes empresas nacionales y extranjeras que, por décadas, han explotado el suelo nacional.

A pesar de ello, Grupo México, de Larrea, y la empresa que mas cobre produce en el país, descartó, por ahora, posibles afectaciones en sus operaciones por la reforma a la Ley Minera. El director de administración y finanzas de la División Minera de Grupo México, Leonardo Contreras, dijo en una conferencia antes de que se aprobara en el Senado la reforma que “no vemos ningún efecto en nuestro negocio actual, estamos esperando las resoluciones”.

De acuerdo con Santamarina Steta, México es el primer productor mundial de plata, con casi 200 millones de onzas y también es uno de los mayores productores de cobre y oro.

De acuerdo con el medio El Ceo, en Grupo México, la concesión La Caridad Número 1, 2, 3, 4 y 6 tienen vigencia hasta el siete de enero 2029.

La Caridad Número 8 Fracción 1 y La Caridad 8 Fracción 2 tienen vigencia hasta 2062, y en el caso de Ampliación La Caridad hasta 2047 y para La Caridad Número 5 y La Caridad con fecha límite hasta 2041 y 2031 respectivamente. La Caridad, de Grupo México, alcanza una producción anual de mineral minado de alrededor de 34 millones de toneladas.

Por su parte, Grupo Peñoles, la empresa propiedad de Alberto Baillères que controla minas productoras de plata tiene concesiones que vencen hasta 2065. En el caso de la mina Saucito, la segunda productora de plata más grande en el mundo tiene como fecha límite para explotar sus recursos hasta el 26 de agosto de 2052, pero hay concesiones más próximas a vencer como Apolo 10, 9 y 11, así como los de Unificación Proaño Número 1 y 2 el que lleva de nombre Manganeso, con fecha al 30 de marzo de 2031.

Por su parte, Frisco, de Carlos Slim, tiene títulos de concesión hasta el 2052 en el caso de su mina El Coronel. Para la mina de San Felipe, los contratos estipulan que los acuerdos serán válidos hasta 2044.