El pasado 19 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que buscará eliminar o fusionar 18 organismos de la función Pública Federal, ello a través de una reforma administrativa (que contempla la modificación de 23 leyes) y que recientemente fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.
Desde su anunció la propuesta ha generado polémica, especialmente entre los más férreos detractores de la actual administración, entre ellos destaca el Partido Acción Nacional (PAN), mismo que aseguró que la iniciativa lanzada desde el Palacio Nacional “consiste en abrir las puertas de par en par a la corrupción”.
A través de un comunicado lanzado este 23 de abril, el líder nacional del partido de derecha, Marko Cortés Mendoza, agregó que la medida “otorga poderes dictatoriales al propio presidente de la República y concede a los funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido”.
“Él quiere decidir a quién le da y a quién le quita concesiones, contratos y permisos; él quiere decidir a quién indemniza y a quién no, además de fijar el monto, la fecha y el modo”, arremetió.
En este sentido Cortés Mendoza no solo tildó la medida de populista, sino que además aseguró que desde el Poder Ejecutivo se busca “alentar la corrupción” con el fin de mantener el poder, ya que esta condición sería un factor de cohesión interna.
Bajo esta narrativa, el presidente del blanquiazul lanzó la primera amenaza contra la propuesta: de ser aprobada por los legisladores, se emprenderán acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), en donde se presentará una acción de inconstitucionalidad.
Y es que, está no sería la primera vez que el PAN o alguna grupo opositor emprende acciones de este corte. De hecho, a través de este tipo de medidas legales ya se ha conseguido frustrar una reforma impulsada desde el Ejecutivo y aprobada en el Legislativo, se trata del paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Qué plantea la propuesta
Recientemente se dio a conocer que el mandatario federal buscaría eliminar, o en su defecto, fusionar 18 organismos de la Administración Pública a través de un proyecto de reforma, mismo que fue presentado ante la Cámara de Diputados.
Dicha medida se dio bajo el argumento de que se buscará disminuir los gastos del presupuesto federal, eficientando los recursos públicos y agilizando los procesos adminitrativos. Y es que, para el presidente, la creación de diversas instituciones se afianzó bajo el modelo neoriberal, mismo que habría ocasionado el “debilitamiento del Estado”.
En contraposición con la postura del partido blanquiazul, en la iniciativa se plantea que la creación de diversos organismos durante dicho periodo sería un reflejo de las prácticas institucionalizadas de clientelismo y corrupción, que supuestamente significó un debilitamiento de las secretarías de gobierno puesto que representó restarles facultades.
Algunas de las modificaciones que se prevén en la propuesta se verían reflejadas en:
-La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (que de ser aprobadas las modificaciones, sería suprimida). Las funciones pasarían a ser parte del trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- La fusión del Instituto Nacional de Personas Adultas (INAPAM) y del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) con las Secretarías del Bienestar y de Trabajo y Previsión Social (STPS)
- La coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que pasaría a ser una unidad administrativa de la Segob
- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes pasaría a ser una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- El Fideicomiso de Fomento Minero no estaría contemplado en el Servicio Geológico Mexicano, es decir, sería eliminado