La audiencia de Francisco Garduño por el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en relación a la tragedia migrante de Ciudad Juárez, fue reprogramada para el martes 25 de abril. Durante la mañana de este viernes, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) se presentó para comparecer ante un juez, quien finalmente determinó diferir el proceso.
Sobre el proceso penal, el funcionario se limitó a mencionar el aplazamiento de su cita pues, debido a que se trata de un caso abierto, no le fue posible brindar mayores detalles, según expuso. Además, aseguró que su presencia ante el Poder Judicial de la Federación era totalmente voluntaria “en cumplimiento de mi deber como ciudadano y como servidor público”.
“Con toda decisión y voluntad para aportar a la autoridad todos, todos los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas. También, desde que llegué a Ciudad Juárez (…) mi primer objetivo fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, concurrir y apoyar a los servicios médicos y en el traslado de estos enfermos, de estas víctimas”, narró Garduño una vez salió de los juzgados.
Con 74 años de edad, el comisionado del INM es señalado por su probable responsabilidad en los eventos ocurridos la noche del 27 de marzo, en lo que cuatro decenas de migrantes fallecieron (y otras más resultaron heridas) a causa de un incendio mientras se encontraban encerrados en una estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En cuanto a su papel en los trabajos de respuesta, Garduño aseguró que tras llegar al punto cero y atender a los heridos, su segunda prioridad fue “trasladar los cuerpos a los países de origen, atender a los familiares y estar atentos con ellos para otorgarles documentos de razones humanitarias para que pudieran ingresar al país las veces que ellos lo requieran. Así ha estado mi actuación. He estado al pendiente y así estaré”, sostuvo.
Además de Garduño, la FGR también procedió penalmente contra Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio del INM, así como Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, servidores públicos vinculados directamente con los hechos.
Una tragedia evitable
Si bien las autoridades detallaron que el incendio fue iniciado por los propios migrantes (un grupo reducido), la tragedia era evitable. Mediante la grabación de una cámara de seguridad quedó registrado el actuar de los oficiales a cargo, quienes al percatarse del fuego, y posteriormente de su descontrol, decidieron mantener cerradas las puertas del recinto. Lo que impidió a las víctimas escapar de las llamas y el humo.
No obstante, la responsabilidad de los hechos va más allá de quienes se encontraban en el lugar. La búsqueda para la atribución de responsabilidades se extiende a los directivos que tomaron decisiones tales como usar la estación como prisión o contratar a la empresa encargada de la seguridad del sitio.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha calificado el suceso como el segundo de mayor dificultad durante su mandato, sólo por detrás de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida en enero de 2019. Además, ha asegurado que las investigaciones se harán sin impunidad ni proteger a nadie.