La noche del 19 de abril, en una sesión extraordinaria, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Economía, Comercio y Competitividad, y de Infraestructura de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo sobre el dictamen de reformas a la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está la posibilidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asigne directamente la administración, operación, explotación y construcción de aeropuertos a empresas paraestatales.
Lo anterior abre la puerta para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga su propia aerolínea sin necesidad de someterse al proceso de licitación pública, lo cual fue considerado por algunos legisladores como un riesgo debido a que ampliaría el margen de discrecionalidad del gobierno respecto a las instituciones militares.
Cabe recordar que desde octubre de 2022, tras el hackeo del grupo Guacamaya, el presidente confirmó su intención de crear una línea aérea a cargo de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, la cual está coordinada por la Sedena.
Además, el dictamen sostiene que la vigencia de la asignación directa será indefinida, pues sólo concluirá cuando haya argumentos suficientes para acreditar que ya no existen razones de seguridad nacional, utilidad o interés público que justifiquen los permisos de operación y administración.
Uno de los principales argumentos en defensa de este proyecto provino de Reginaldo Sandoval Flores, diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Infraestructura, quien dijo que esta medida favorecería a tener una mayor conectividad en el país e incrementaría la disponibilidad de rutas de vuelo. “Debe fomentarse la competencia en el sector que actualmente en un esquema oligopólico”, aseveró.
Respecto a las atribuciones que se le podrían entregar a la Sedena en materia aeroportuaria, cabe recordar que el 1 de marzo del año corriente entró en vigor el decreto que creó la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano, la cual le entregó a la institución militar la responsabilidad de vigilar y proteger dicho espacio.
Reforma va sin cabotaje
En espera a que el dictamen se exponga y debata en el Pleno de la Cámara de Diputados, otro de los temas de mayor relevancia fue la eliminación de la figura del cabotaje, contrario a lo que había propuesto inicialmente el presidente López Obrador.
Anteriormente, se había contemplado que con esta reforma se permitiera cabotaje para la operación de aerolíneas extranjeras en territorio nacional. Cuando el Ejecutivo Federal anunció su intención de incluirlo en la normativa, especialistas y empresas del sector expresaron su rechazo total por el impacto que tendría para la industria.
La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) advirtió, en este sentido, que permitir el cabotaje a compañías extranjeras podría derivar en un incremento en los costos de los vuelos, así como en la pérdida de empleos y en el quiebre de algunas entidades mexicanas.
“La mayoría de los países prohíben el cabotaje al ser una estrategia indicada para naciones cuya ubicación geográfica u otras condiciones les impiden una buena conectividad […] Países que permitieron el cabotaje sin estudios ni estrategia como la reforma que se plantea, perdieron a sus aerolíneas y empleos, generando una crisis de conectividad y competitividad”, sostuvo la Cámara en un pronunciamiento.
Se espera que el dictamen aprobado en comisiones sea presentado a la brevedad ante el Pleno de San Lázaro para su discusión. En caso de ser ratificado, se enviará al Senado de la República para continuar con el debido proceso legislativo.