Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, notificó de recibida la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que modifica diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Este paquete de iniciativas presentado el lunes 17 de abril busca modificar la forma de ejercer la minería en México y, como no busca modificar la Constitución, ésta puede ser aprobada con mayoría simple, misma que ya tiene Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión; sin embargo, en un afán de no aprobar esta iniciativa en fast track, se optó por escuchar a las bancadas opositoras.
Durante la presentación de la reforma del presidente López Obrador, Rodríguez González explicó que con ella se busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano; regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería para proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población.
Además, el gobierno federal planteó que con esta iniciativa se busca la preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios; sin embargo, la oposición parlamentaria planteó la posibilidad de que se escuchen otras voces, no nada más las que promueven la Cuarta Transformación (4T), por lo que se planteó la posibilidad de crear foros a Parlamento Abierto.
“Debe ser con orden para tener una Ley Minera acorde a los tiempos; llegamos al tiempo de los acuerdos, escucharnos y hacer leyes que sirvan a todas y todos los mexicanos”, señaló Ignacio Loyola, representante del Partido Acción Nacional (PAN).
Finalmente, Rodríguez González proporcionó unas declaraciones a medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre el futuro al corto plazo de esta iniciativa. Al respecto, señaló que no hay prisa para acelerar los procesos legislativos, por lo que adelantó que no solicitarán un periodo extraordinario para aprobar esta iniciativa.
Esto quiere decir que será hasta septiembre de este año cuando el legislativo federal retome esta reforma. “Tenemos tiempo suficiente para organizar el número de parlamentos abiertos que se acuerde”, recalcó para dejar claro que Morena busca el respaldo de las mayorías.
También destacó que el acceso al agua que se le otorga actualmente a las empresas mineras debe de ser replanteado, pues se debe de garantizar primero el derecho humano del acceso al agua potable de manera suficiente antes que a alguna actividad económica, con lo cual se espera beneficiar a las comunidades que viven en las periferias a los desarrollos mineros.
“Lo que queremos es que haya un medio ambiente garantizado que podamos prevenir cualquier contaminación producto de esta actividad (la minería), garantizar los derechos sociales de las comunidades, garantizar la calidad del trabajo de quienes participan ahí”
El abordaje de este tema también se mide en términos económicos, pues este líquido atrae ganancias millonarias al sector, por lo que el diputado de Morena sostuvo que se debe de promover el manejo responsable de este recurso y aplicar una retribución proporcional a la riqueza que generan sin que esto les dé el derecho de vulnerar el acceso al agua a la ciudadanía.
Para resolver este problema, de acuerdo a la redacción de la iniciativa, será responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgar las concesiones y establecer reglas claras de consumo y la retribución correspondiente de los privados al Estado mexicano.
Sin embargo, reiteró que no hay prisa por aprobar esta iniciativa y reconoció que si bien existen bienes en el subsuelo mexicano que deben de ser protegidos por la federación, también se entiende que existen empresas que procurarán velar por sus intereses y que se sienten en riesgo con la propuesta de AMLO, por lo que están dispuestos a promover el diálogo y el intercambio de ideas en el Parlamento Abierto.