Qué retos plantea el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que aprobó el Senado

Con 114 votos, el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el cual se establecen procedimientos homologados en todo México y, aunque esto sea una buena noticia para agilizar procesos, representa un gran reto para el poder judicial.

El código consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera una vacatio legis de cuatro años, es decir, el poder judicial tendrá hasta 2027 para preparse y aplicarlo adecuadamente, apuntó este miércoles 12 de abril la Cámara Alta.

La expedición de este Código guarda como objetivo principal agilizar la mayoría de los procesos que se llevan en los juzgados, pues “busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas”.

Asimismo, el Senado informó que se integra un modelo en el que se impulse el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en los procesos judiciales, con el objetivo de unificar los criterios y bases normativas, a fin de materializar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos. Asimismo, los legisladores destacaron que el Código promueve los derechos de aquellas personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad.

Con la aprobación de éste, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, felicitó a las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras por tener la paciencia para encontrar los consensos, con el fin de establecer en el documento la oralidad como principio en los procedimientos; sin embargo, existen muchos retos que se avecinan para la correcta implementación de éste.

Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), hizo uso de la tribuna para presentar reservas al dictamen que fue aprobado, pues ante la aprobación de éste, el Estado mexicano se encuentra ante un verdadero reto de implementación fáctica, pues los juzgados no se encuentran preparados para este tipo de cambios.

Para entender la dimensión del reto, Zepeda Vidales señaló que en México se llevan a cabo, anualmente, alrededor de un millón 500 mil juicios y el 64% de ellos son de materia civil y familiar, es decir 960 mil aproximadamente por lo que el nuevo Código modificará la manera de hacer derecho en México, pues se pasa del modelo escrito al oral para agilizar la impartición de justicia.

En este contexto es en el que advirtió que este nuevo modelo fracasará si el Estado mexicano no lleva a cabo una serie de adecuaciones que tendrán como efecto ganar la confianza del pueblo para que se acerque al poder judicial a resolver su problemas de naturaleza legal.

Al respecto, recordó que en materia penal sólo el 3.5% de delitos llegan al juez, algo que se puede explicar porque, de acuerdo con el Inegi, la gente no confía en el sistema de justicia de México: “Lo mismo aplica en materia civil, mucha gente dice ‘no vale la pena’”.

El primer punto que destacó, para que el Código sea un éxito en su implementación planeada para 2027 es hacer un mejor ejercicio de difusión, donde los Parlamentos Abiertos juegan un papel crucial y que éstos estén integrados por barras de abogados y catedráticos.

Asimismo, agregó que se debe capacitar a los abogados que ya ejercen, el poder judicial y modificar los planes de estudio de las universidades que imparten la carrera de derecho, esto para que todos los actores que intervienen en la impartición de justicia se desenvuelven en armonía.

También, señaló que, para que el cambio al sistema oral funcione “le tienes que meter lana”, pues la infraestructura del poder judicial en México no está lista para esta nueva modalidad.

Recalcó que se necesita dinero para adecuar los juzgados para que puedan llevarse a cabo los procesos de manera oral. Además, aseguró que sí hay dinero, sólo que está mal repartido, pues el presupuesto de la federación es de 8 billones, mientras que el que se dirige al poder judicial es de 77 mil millones, mientras que el del ejecutivo es de 1.8 billones.

Finalmente, propuso crear una ley de mecanismos alternativos para solucionar controversias para desahogar el cúmulo de juicios a través de mediación o conciliación, esto para no abarrotar los juzgados con juicios, pues no existe la cantidad necesaria de jueces para poderlos atender.