Ley Minera: reforma de AMLO encendió las luces rojas de la cúpula empresarial

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una nueva reforma a la Ley Minera, los grandes corporativos del ramo encendieron sus luces rojas, pues prevén un atentado contra sus intereses, mismos que se desarrollan a costa del deterioro social de la ciudadanía en México.

El mandatario mexicano envió a la Cámara de Diputados, el pasado 28 de marzo, un documento en el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Minera para que el ejercicio de esta actividad económica se realice en mejores condiciones tanto para las poblaciones que se ven involucradas como para el gobierno.

De entre los principales cambios que propone el ejecutivo federal es que se plantea quitar el carácter de “preferente” a la minería sobre otras actividades económicas como la agricultura. También plantea la reducción de duración y prórroga de concesiones mineras de 50 a 15 años.

Además se promueve que las comunidades que se vean involucradas en la instalación de las minas deben de avalar dichos desarrollos a través de consultas populares, esto para evitar desplazamientos de los pueblos en los diferentes territorios de México donde se iniciaron proyectos mineros. Asimismo, se condiciona la disposición de otros bienes para llevar a cabo la actividad minera. El mejor ejemplo de estos bienes es el acceso al agua.

La iniciativa de AMLO también propone sanciones más severas a las mineras que contaminen cualquier manto acuífero, ya que es una actividad reiterada. Cabe recordar que la reforma presidencial, que ahora está en manos del poder legislativo, la puede aprobar Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por sí solo, pues, al tratarse de una modificación a una Ley secundaria, no se requiere de mayoría calificada para ser aprobada, es decir, la voluntad del PRI, PAN, PRD y MC puede no ser tomada en cuenta para la aprobación y ratificación de dicho ordenamiento.

Es en este panorama donde la Iniciativa Privada (IP) líder en el sector y las calificadoras internacionales advirtieron riesgos para la industria minera en México, pues se trastocan intereses multimillonarios al tratarse de una nación tan rica en minerales valiosos para la industria o la joyería.

De acuerdo con Bnamericas, México produce, a nivel mundial, el 3.3% de todo el oro, el 23% de la plata (principal productor del planeta) y el 1.8% de cobre, lo que se traduce en ganancias millonarias para el sector privado. Al respecto, la Secretaría de Economía (SE) reconoció en 2021 que el usufructo de los minerales nacionales deja ganancias de USD 16 mil 500 millones (más de 334 mil millones de pesos).

Es por ello que Moody’s Investors Service advirtió riesgos en el sector: “Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”.

Además, el sector privado señaló que la iniciativa contraviene al Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC): “Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”.

Sin embargo, y a pesar de todo el dinero que genera la explotación de los recursos mexicanos, deja muy poco beneficio a la población. El sector minero genera menos del 1% de los empleos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que la extracción mineral sólo brinda el 0.62% de los trabajos que existen en México, es decir 131 mil 800 (la población nacional hasta 2021 es de 126.7 millones).

Además, la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) de esta actividad es menor al 1%, pues de los miles de millones de dólares que produce como riqueza, sólo representa el 0.4% del PIB nacional, además que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, la instalación de proyectos mineros están ligados con devastaciones ambientales, desplazamiento forzado de pueblos indígenas y violencia extrema.

Al respecto, está la investigación publicada por el periodista Jesús Lemus en su libro “México a cielo abierto”, donde señala las “extrañas” coincidencias entre los desarrollos mineros con los puntos más violentos de México.

“Si sobreponemos un mapa de violencia de los puntos más rojos que tenemos en el país, los más candentes en cuanto a violencia, lo sobreponemos en un mapa que refleje los puntos de mayor desarrollo económico vas a ver que coincide de manera extraordinaria, embonan perfectamente, de tal forma que hay violencia donde hay puntos de desarrollo”, declaró a los micrófonos de Infobae México en una entrevista de 2020.