Poder a los jóvenes: San Lázaro avaló bajar la edad para ser diputado y secretario de Estado

Con 438 votos a favor, cero en contra y una abstención, la iniciativa que reduce la edad mínima para poder ser diputado federal o secretario de Estado fue aprobada en la Cámara de Diputados. Se recuerda que, al ser de carácter constitucional, esta reforma necesitaba de la mayoría calificada (dos terceras partes), misma que cumplió y, por ello se turnó al Senado de la República.

Andrea Chávez, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó de qué va la iniciativa que promueve su bancada para reducir las edades mínimas de las y los ciudadanos para poder participar en puestos de elección popular y para integrar el gabinete del presidente de la república y con ello incluir a las y los jóvenes en espacios de poder.

Durante la sesión ordinaria de este martes 11 de abril en la Cámara de Diputados, la promotora de la Cuarta Transformación (4T) señaló que lo que busca con la modificación al Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es hacer que jóvenes de 18 años puedan competir en igualdad de circunstancias ante personas de mayor edad.

Específicamente, lo que se busca con esta iniciativa es reducir el rango de edad con el cual una ciudadana o ciudadano pueda participar por un curul en la Cámara de Diputados o pueda integrarse al gabinete del jefe del ejecutivo federal. Con esta se baja la edad de 21 a 18 años para ser diputado federal y de 30 a 25 para ser titular de alguna secretaría federal.

Durante su exposición de motivos Chávez Treviño presentó cuatro planteamientos que sostienen la integración de esta iniciativa al marco constitucional mexicano, donde la integración y el principio de no discriminación prevalecen en la congruencia de que una persona, al momento de cumplir 18 años, se vuelve ciudadano y con ello, se adquieren responsabilidades y derechos.

1. Principio de la no discriminación por edad. La diputada señaló que una vez que alguien se convierte en ciudadano, es decir, algún mexicano cumple la mayoría de edad, cuenta con el derecho de poder “votar y ser votado”; sin embargo, el ejercicio de éste derecho se ve violentado, pues, hasta la legislación actual, se debe de contar con 21 años cumplidos para poder participar en algunos procesos electorales. Es por esta incongruencia que se quiere reducir a 18 como edad mínima para poder participar en el legislativo.

2. Principio de la igualdad. La morenista recordó que en el Palacio Legislativo de San Lázaro existen diferentes grupos minoritarios (indígenas, afromexicanos, comunidad LGBT+, migrantes, etc.) representados; no obstante, las y los jóvenes menores a 21 no cuentan con esta representación, por lo que con esta iniciativa se espera ampliar el “mosaico de representatividad” en la Cámara de Diputados.

3. Principio de congruencia. Con referencia al principio anterior, la diputada destacó que todas los diferentes tipos de juventudes deben de verse representados, pues esto abona a la pluralidad de ideas en un organismo tan importante. Con ello se incluyen a las y los jóvenes de la comunidad migrante, afrodescendientes, LGBT+, de pueblos originarios y un amplio etcétera para que estos sectores tengan representación.

4. Principio de la reciprocidad. Finalmente, la diputada señaló que la ciudadanía tiene derecho a exigir representatividad en el momento en el que adquiere responsabilidades como individuo; es decir, una o un joven, a partir de los 18 años comienza a trabajar, a aportar impuestos al erario público, a colaborar con la iniciativa privada y demás actividades relacionadas a sus nuevas responsabilidades, “pero ni se les ocurra ser representantes ni tomar decisiones”.

Es por ello que insistió en que “no es lo mismo hablar de desigualdades que vivirlas en carne propia”; sin embargo, destacó que la iniciativa no modifica los procesos de selección de candidaturas en los partidos, por lo que se deja a la libre competencia tanto a jóvenes como a adultos el buscar un puesto de elección popular. Esto quiere decir que no se vulneran los derechos de ninguna de las partes que pretendan llegar a un cargo público.