Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el gobierno mexicano adquirió 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola; sin embargo, muchos se preguntan quién será el verdadero beneficiario de este movimiento: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Mexico Infrastructure Partners (MIP) o el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
La administración de la Cuarta Transformación (4T) señaló que la compañía española vendió 12 plantas de ciclo combinado (combustión de gas natural y vapor) y una eólica (turbinas impulsadas por viento), cuya aportación será de 8 mil 436 MW y 103 MW, respectivamente, pero, en un comunicado de Iberdrola se discrepa de los señalado por el gobierno federal respecto a la adquisición.
Por un lado, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que “las 13 plantas de generación eléctrica serán adquiridas por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y operadas por la CFE”. Por el otro lado, la transnacional señaló que “Iberdrola México y Mexico Infrastructure Partners han suscrito hoy (4 de abril) un acuerdo de intenciones por el que el fideicomiso liderado y gestionado por MIP adquirirá, 8.539 MW”.
Al respecto, Alonso Romero, especialista en el tema y colaborador en La Jornada, especificó dos puntos para llegar a una primera aproximación de respuesta. Uno de ellos precisa que los comunicados no son contratos, es decir, los comunicados avisan a la ciudadanía sobre el proceso de compra/venta y las consecuencias que tendría en el abasto de energía a la ciudadanía, así como de los costos (esto último fue referido por parte del gobierno de México).
Aunado a ello, agregó, se debe de considerar que Iberdrola señaló que se estableció un acuerdo con MIP para la adquisición de las plantas por un fideicomiso privado gestionado por MIP, lo que podría indicar que el MIP sería el fiduciario (quien administra los bienes de otra persona o ente); mientras que la CFE, el beneficiario, y el Fonadin, el fideicomitente (quien constituye un fideicomiso destinando los bienes y/o derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines).
Sin embargo, señaló que lo ideal es esperar a la confirmación oficial de la estructura de compra. Al respecto, se destaca que ya existen juicios al respecto por parte de personas o instituciones en relación a la compra, aún sin que se sepa la especificidad de la adquisición.
Tal es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), quien ya aseguró que la compra no nacionaliza la industria eléctrica. “A pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada […] La CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”, especificó en un comunicado.
Y es que, mientras el gobierno federal expuso que los usuarios se verán beneficiados con esta compra, pues el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5% —un nivel bastante cercano a lo que se buscaba con la fallida Reforma Eléctrica—, el Imco insistió que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE a través de una subsidiaria, por lo que la adquisición no representa un avance en la nacionalización de la industria eléctrica.
“Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”
Los detalles de la adquisición saldrán a la luz eventualmente; sin embargo, el gobierno federal sostiene que dicho movimiento forma parte del proceso de alcanzar la soberanía energética en México, con lo cual, se espera establecer un marco de competencia entre privados y la paraestatal para ofrecerle a las y los usuarios un abasto suficiente de energía eléctrica y a precios accesibles.