CNDH ya había advertido abusos del INM contra migrantes en Ciudad Juárez

Previo al fatal incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido la recomendación 09/2023 por violaciones a la integridad de las personas migrantes en dicha ciudad.

El 27 de febrero de 2023, justo un mes antes del siniestro que hasta el momento ha cobrado la vida de 40 personas, la Comisión hizo público un documento en el que evidenció los actos ilegales realizados por funcionarios del INM.

Las vulneraciones a los derechos humanos fueron perpetradas en contra de tres migrantes de nacionalidad turca, quienes llegaron a México de manera individual los días 12, 16 y 18 de mayo de 2022 al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, en donde el INM les expidió una Forma Múltiple Migratoria (FMM) que autorizaba su estancia en el país durante aproximadamente seis meses (180 días).

A pesar de contar con dicho documento, las tres personas extranjeras —cuyas identidades se mantuvieron resguardadas— fueron detenidas el 20 de mayo del mismo año en el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez. Sumado a la retención ilegal, las autoridades migratorias los trasladaron, sin motivo aparente, a la estación provisional de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia presentada por los afectados, durante los días que estuvieron detenidos en el centro provisional de Ciudad Juárez, varios funcionarios les habrían pedido dinero a cambio de regresarles sus documentos.

Los tres migrantes originarios de Turquía permanecieron ahí hasta el 23 de mayo, cuando el INM emitió un oficio de salida definitiva del país y les dio un plazo máximo de 15 días para que, por sus propios medios, abandonaran el territorio mexicano por la frontera sur, “lo que vulneró su derecho fundamental a la libertad de tránsito”, aseguró la CNDH.

Cuando los agentes migratorios rindieron sus informes respecto a los hechos, justificaron su actuación con el argumento de que, al momento de detener a los migrantes, hubo “inconsistencias en su entrevista” y no lograron acreditar su estancia en el país.

Sin embargo, la CNDH resolvió que, dado que las tres personas extranjeras contaban con una FMM vigente, el simple hecho de revisarlas, detenerlas y privarlas de su libertad implicaba una grave violación a sus derechos humanos, particularmente a su seguridad jurídica, libertad personal y libertad de tránsito.

Derivado de esta situación, la CNDH le solicitó a Francisco Garduño Yáñez “llevar a cabo todas las acciones administrativas conducentes para emitir un acuerdo de readmisión” para permitirle a las víctimas reingresar a territorio nacional en caso de que así lo decidieran. Además, se hizo un llamado para inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, de manera que se efectuara la reparación integral del daño adecuada.

Otra de las peticiones de la Comisión al titular del INM fue la colaboración en la denuncia administrativa en contra de los funcionarios involucrados. Esto, sin embargo, parece no haber trascendido, pues uno de los agentes migratorios señalados por el caso de los migrantes turcos también habría estado coludido en la tragedia del 27 de marzo.

Según las denuncias de las personas vulneradas, uno de los que les habría pedido dinero para regresarles sus documentos de viaje habría sido Daniel Goray Yosioka, titular del la estancia de Ciudad Juárez, quien a la fecha de la presente edición se encuentra vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, en relación con el incendio.

Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas del siniestro, denunció que Goray Yosioka se había encargado de orquestar una red de corrupción en contra de los migrantes que eran detenidos en dichas instalaciones.

Aparentemente, los amenazaban con dejarlos encerrados durante meses o privarlos de cualquier vía de comunicación si no cubrían una cuota de hasta 500 dólares.

Además de Goray Yosioka, por su posible responsabilidad (por comisión u omisión) en la muerte de 40 migrantes a causa del incendio fueron vinculados a proceso los agentes de migración Rodolfo Collazo “N” y Gloria Ramos “N”, así como el guardia de seguridad privada Alan Pascual “N”, quien trabajaba para Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., una empresa que obtuvo contratos millonarios con el INM a partir de 2022 pese a incurrir en múltiples inconsistencias.

Fue el pasado 3 de abril cuando la cifra de personas fallecidas a causa del incendio en Ciudad Juárez ascendió a 40. Las víctimas eran originarias de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.

Aquel día se reportó que del total de lesionados aún permanecían hospitalizados 23 en distintas unidades médicas de Ciudad Juárez y la Ciudad de México.