ONG alertó por violencia contra defensores de DDHH en cuatro estados

Un total de 401 activistas fueron asesinados en el mundo en 2022, pero América Latina fue un punto de tensión pues se mantuvo como la región más mortífera para las personas defensoras de derechos humanos, con los casos de Colombia, México, Brasil y Honduras como los ejemplos de países en los que la violencia se hizo presente.

De acuerdo con el Análisis Global realizado por Front Line Defenders, en México fueron asesinados 45 activistas, con lo que se posicionó como el tercer país más letal para los defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como defensores de los derechos trans.

Sin embargo el informe puso su mirada en cuatro estados en específicos, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Chiapas, en donde se identificó que los defensores de los derechos de los pueblos indígenas se encontraron bajo asedio de grupos armados, además de que fueron víctimas de desaparición forzada, violencia y asesinatos.

La Fundación Internacional advirtió que pese a la violencia que se enfrenta en todo el país hacia activistas, 18 asesinatos han ocurrido en contra de defensores de los derechos de pueblos indígenas, en hechos ligados directamente a su labor. Ocho de ellos fueron asesinados en Oaxaca, cinco más en el estado de Guerrero y tres más en Chihuahua.

La crisis es comparable con lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania, país que enfrenta una invasión por parte de Rusia desde febrero de 2022, lo que ha llevado a la muerte de civiles, políticos y, ahora se sabe, de defensores de derechos humanos, con 50 asesinatos.

De acuerdo con el informe, hay condiciones que gravan las condiciones de defensores de derechos humanos, como lo son las detenciones, largas sentencias, las investigaciones en su contra, pero también son violentados e incluso espiados.

En el caso particular de México se tienen documentados los casos de Ricardo Arturo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos en Cerro de Ortega, en Tecomán, Colima, luego de que participaran en una asamblea en torno a la operación de una empresa minera. Su desaparición fue reportada a mediados de enero de este año.

Aunque también se documentaron los casos de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, sacerdotes jesuitas asesinados en junio de 2022 en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

“Su papel de larga data en la defensa de a tierra y los territorios, el acceso a la justicia y la construcción de la paz fue fundamental para sostener respuestas creativas a los desafíos persistentes en la región”, señaló la Fundación en su balance sobre la labor de los defensores en la región de las Américas.

No obstante, México fue uno de los cuatro países en el mundo en donde se notificó el uso del spyware Pegasus para vigilar las actividades de los defensores de derechos humanos e incluso en contra de periodistas. En este punto se documentó la investigación realizada por organizaciones y medios de comunicación denominada Ejército espía.

Se trata de la investigación con la cual se denunció el uso de Pegasus por parte del Ejército para vigilar ilegalmente a personas que enfocaron sus investigaciones en las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, esto en un marco en que las instituciones castrenses han “acumulado poder sin precedentes”.

Entre las preocupaciones que se mostraron en el informe se encontraron algunas en torno al uso de redes sociales para hostigar y difamar a defensores de derechos humanos y periodistas, especialmente hacia mujeres, cuya violencia se muestra con lenguaje misógino, amenazas de violencia sexual y otras formas de violencia de género.

El informe fue publicado a solo unas horas de que organizaciones como el Centro Prodh denunció el asesinato del activista Eustacio Alcalá Díaz, defensor de derechos humanos en Huitzontla, Michoacán.