La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma que suspende los derechos políticos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público si se incurre en violencia de género en cualquiera de sus modalidades, esto al ingresar al padrón de violentadores de mujeres; sin embargo, Gerardo Fernández Noroña advirtió que esta iniciativa puede ejercerse con dobles intenciones.
Durante la sesión ordinaria de este jueves 30 de marzo, el abanderado por el Partido del Trabajo (PT) expresó su criterio en relación al paquete de reformas que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues dichos cambios suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos a cargos públicos y este castigo puede ser aplicado con miramientos políticos más que de justicia.
De acuerdo con la minuta, la suspensión se aplicaría por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular. Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esto quiere decir que cualquier persona que sea hallada culpable por cometer delitos contra la mujer no podrá acceder a puestos de representación popular o servicio público. Al respecto, Noroña advirtió que la legislación se presta para que se criminalice a los promotores de corrientes políticas de izquierda, esto ante falsas acusaciones por parte de la derecha, la cual, de acuerdo a su narrativa sigue estando coludida de manera perversa con el poder judicial.
En otras palabras, como la derecha en México está coludida con los juzgados y tribunales, es más fácil que las acusaciones por violencia de género contra la izquierda procedan en el poder judicial y que los promotores de la derecha gocen de impunidad ante señalamientos de la misma naturaleza.
La suscripción a dicha iniciativa por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el partido que conserva a la corriente de derecha en México, fue de la extrañeza de Fernández Noroña, pues se trata del partido que ha intentado impedir que se legalice el aborto. Por ello reafirmó que las luchas de izquierda, de las que él forma parte, han buscado la equidad de género no por bonanza política, sino por un legítimo interés en mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
“Los que venimos de la izquierda no estamos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres por asuntos del cálculo electoral, por demagogia o falsa retórica […] Ahora resulta que la derecha es feminista”
Por ello retó a que el PAN actúe de manera similar cuando se promueva la iniciativa que legalice la interrupción del embarazo; además, sentenció que la aprobación de esta ley perjudicará a personas de ambos sexos, pues el 20% del padrón de violentadores de mujeres son mujeres “y casi podría asegurarles que del 100%, 95% son de izquierda”.
“Lo que estamos discutiendo es una medida retórica que no está en realidad yendo al fondo de la matriz de violencia en contra de las mujeres y que está dando una herramienta al poder judicial corrompido que es del viejo régimen para que cualquier compañero, cualquier compañera, pueda ser sacado de la actividad política de por vida”
Finalmente, la iniciativa fue aprobada con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones. Con ello, el dictamen fue turnado al Senado de la República para que continúe su proceso legislativo.