Jeison, el migrante venezolano acusado de homicidio por el incendio en Ciudad Juárez

Un migrante venezolano identificado como Jeison “N” fue acusado de los delitos de homicidio y lesiones, derivado del incendio en la Estancia Temporal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, por lo que el juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público de la Federación presentó los elementos de prueba reunidos hasta ahora en contra del migrante, tres agentes del INM y un guardia de seguridad privada.

Este ciudadano sudamericano es señalado como presunto responsable de iniciar el fuego dentro del albergue donde 39 personas extranjeras perdieron la vida al no poder abrir las rejas para escapar de las llamas.

Este jueves, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el migrante acusado por este accidente será procesado en México.

La funcionaria federal explicó que Jeison fue uno de los sobrevivientes y su estado de salud nunca se consideró de gravedad por lo que ya fue dado de alta.

“No está dentro de los graves ni los delicados, incluso lo habían dado de alta. Lo que puedo decir es que es parte de la investigación. El que había incendiado todo fue dado de alta”, señaló en conferencia de prensa.

Rosa Icela Rodríguez agregó que se busca imponer la sanción correspondiente a todos los involucrados en esta tragedia, ya sean funcionarios o personas migrantes.

Se trata de uno de los miles de migrantes que se encuentran varados en las ciudades fronterizas de México en su intento de cruzar a los Estados Unidos.

En las avenidas de Ciudad Juárez es usual ver a los grupos de migrantes pedir dinero. Algunos llevan letreros de cartón solicitando ayuda como comida, ropa o calzado.

Muchas de estas personas duermen en obras de construcción abandonadas o algún rincón entre las calles, apenas envueltos en mantas y sacos de dormir desgastados.

“Ayúdenos para comer y no dormir en la calle”, decía el letrero que llevaba el miércoles Vicleikis Muñoz, una mujer venezolana de 20 años y ocho meses de embarazo que viaja con sus dos hijos, de 5 y 3 años.

“Sobrevivimos pidiendo dinero”, dijo. “No sé cuánto tiempo más voy a poder hacer esto”, dijo a un reportero que cubren esta crisis humanitaria.

El martes, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una de las primeras versiones sobre el origen del accidente que dejó 39 muertos y 27 heridos.

“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, dijo López Obrador desde Palacio Nacional.

Además del ciudadano originario de Sudamérica, el juez dictó la medida de prisión preventiva a los agentes migratorios Rodolfo ‘N’, Daniel ‘N’, y Gloria Liliana ‘N’, así como el guardia de la empresa de seguridad privada Tank, Adán ‘N’.

El juez fijó para el próximo 4 de abril la audiencia para determinar si los detenidos son vinculados a proceso, o no.

El abogado de los migrantes víctimas de esta tragedia acusó a la administración del INM de haber ordenado al personal del albergue no abrir las puertas de la zona de confinamiento, lo que impidió a los afectados salir de las instalaciones y quedar a merced de las llamas y los gases tóxicos.

De acuerdo con los testimonios de los supervivientes el lunes 27 de marzo, aproximadamente a las 20:30 horas, como forma de protesta, reunieron colchonetas y las apilaron frente a la reja donde se encontraban los agentes migratorios.

Un video difundido al día siguiente constató que al iniciarse el fuego, los agentes migratorios se percataron del peligro pero fueron omisos en permitir la salida de las personas extranjeras. Personal del INM y el guardia privado abandonaron las instalaciones sin brindar ningún tipo de ayuda a quienes quedaron encerrados.

“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, declaró Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especial en materia de derechos humanos, con relación a las imágenes de las cámaras de seguridad.