Estas son las empresas que ha contratado el INM para la seguridad de sus estaciones migratorias

Negligencia y aparente arbitrariedad en la actuación de los agentes de seguridad fueron los factores principales que provocaron uno de los más lamentables sucesos en la historia reciente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante las amenazas de su posible deportación, un grupo de personas migrantes que habían sido detenidas en la estancia provisional del Puente Internacional Lerdo Stanton inició una protesta al interior del inmueble, durante la cual prendieron fuego a una pila de colchonetas.

Mientras el fuego se dispersaba y el humo llenaba el espacio, los oficiales de seguridad que tenían la encomienda de resguardar la integridad de los migrantes se limitaron a observar y salir de las instalaciones sin quitar el candado de la celda. Abandonaron a los 68 hombres que habían sido detenidos ese mismo 27 de marzo.

El incendio, además de causar la muerte de 39 personas, desató múltiples cuestionamientos sobre los protocolos en materia de seguridad y protección civil del Instituto Nacional de Migración (INM).

Documentos e informes oficiales consultados por Infobae México revelaron que en años recientes el Instituto ha puesto el resguardo de sus estancias migratorias en manos de empresas con múltiples irregularidades.

Como parte de las investigaciones por el fallecimiento de los 39 migrantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó a ocho presuntos responsables, cinco de los cuales son elementos de una empresa de seguridad privada.

La titular de dicha secretaría, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reveló que la compañía encargada del resguardo de la estancia provisional del INM Ciudad Juárez al momento en que ocurrió el incendio era Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V.

Camsa, identificada comercialmente como Grupo Tank, fue establecida en 2015 en la Ciudad de México y, de acuerdo con documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), su apoderado es Gerardo Saladaña Pimentel. Además, la SSPC identificó a dos socios: David Vicente Salazar Gasca y George McPhail.

Entre las actividades que ofrece Camsa, según su descripción en el registro de marca, están servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, monitoreo de llamadas telefónicas, inspecciones de equipaje, escoltas personales, vigilancia nocturna, agencias de detectives e investigación sobre personas desaparecidas.

Y aunque la dependencia federal reconoció la existencia de contratos otorgados a dicha compañía por parte del INM, las plataformas de transparencia gubernamentales no permiten acceder a los documentos.

Acorde con las indagatorias, Camsa presentó una solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada en septiembre de 2020, la cual fue autorizada y tiene vigencia hasta febrero de 2024. Fue en 2022 que comenzó a prestar sus servicios de vigilancia para las estaciones del INM.

Entre las irregularidades de esta firma está el hecho de que sólo contaba con el registro de cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el INM era por 503 elementos.

Además, se dio a conocer que “no cuenta con permiso de portación de armas” y no cumplió con su obligación de reportar altas o bajas de personal en los informes mensuales.

En vista de esta situación, la SSPC pidió al Instituto que rescindiera los contratos celebrados con Camsa para que, a partir del 31 de marzo de 2023, fuera el Servicio de Protección Federal (SPF) el que asuma las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Rodríguez Velázquez advirtió el inicio de “un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa [a Camsa] y no volverá a dar el servicio”.

Antes de que Camsa asumiera las tareas de vigilancia y seguridad en los centros y estancias migratorias mexicanas, la labor estaba en manos de Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (Seicsa), una empresa constituida en 2005.

Al revisar la documentación oficial de esta empresa es posible encontrar que quien se registró como su titular es Elías Gerardo Valdés Cabrera, nombrado como cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila (febrero de 2021) y en Nuevo León (enero de 2023).

El registro de marca de Seicsa fue aprobado en junio de 2018 por el IMPI y tiene una vigencia hasta marzo de 2028. Otra persona mencionada en los registros de la empresa es José de Jesús Hernández Ramírez, quien aparece como apoderado.

Para la vigilancia y protección de sus inmuebles, el INM suscribió un contrato con Seicsa, por adjudicación directa, el 3 de enero de 2019, con vigencia al 31 de diciembre de ese mismo año.

El monto de dicho contrato fue de 272 millones 646 mil 200 pesos y contemplaba que Seicsa proporcionaría, para las distintas labores de seguridad, un total de 11 mil 893 trabajadores.

No obstante, según expedientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Seicsa no tenía a ningún trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que, en lugar de proveer directamente al personal, lo subcontrató a través de la empresa Business Anywhere Solutions S.A. de C.V.

También por adjudicación directa, en 2021 el INM le pagó a esta empresa hasta 180 millones de pesos, vía transferencia electrónica, a cambio de “servicios de vigilancia, protección y seguridad a los inmuebles del Instituto” en 25 estados del país, incluido Chihuahua.

Sin embargo, la agencia migratoria encabezada por Francisco Garduño Yáñez no es la única dependencia gubernamental que ha adquirido los servicios de Seicsa.

El 14 de junio de 2018 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) celebró un contrato con la empresa del cónsul nicaragüense por cinco millones 923 mil 170 pesos por servicios de vigilancia en seis inmuebles de la Ciudad de México.

Entre el amplio catálogo de clientes que la empresa presume en su página oficial también figuran el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el IMSS, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Banco del Bienestar (Bansefi).

Incluso en 2022 el Gobierno de Colima le otorgó a Seicsa una revalidación para prestar el servicio de vigilancia en inmuebles, por lo que también habría desempeñado labores de seguridad en acuerdo con dicha administración.

En contraste, los gobiernos de San Luis Potosí y Yucatán incluyeron a Seicsa, en 2020 y 2022 respectivamente, en su lista de empresas que perdieron su acreditación para prestar servicios de seguridad. En el caso de Yucatán, su registro fue cancelado debido a una “reincidencia al no presentar informe mensual”.