Cuáles son las pruebas por las que se reabrirá el caso de Enrique “Kiki” Camarena

El asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, se ha puesto nuevamente en el ojo de la opinión pública luego de que el jueves 23 de marzo el juez federal John A. Kronstadt dio la orden de reabrir el juicio.

Si bien dicho caso supuso la mayor crisis diplomática entre Estados Unidos y México, recursos legales promovidos por Raúl López Álvarez -uno de los últimos sentenciados por el crimen- han dado un giro inesperado.

Recientemente, el ex policía y su defensa han argumentado que el FBI presentó evidencias poco sustentadas, además de declaraciones exageradas que propiciaron a que fuera condenado a cuatro sentencias consecutivas de 60 años en agosto de 1988, según consta un documento judicial citado por la periodista Laura Sánchez Ley.

Por cargos de conspiración en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, el ex policía judicial de Guadalajara Raúl López Álvarez enfrentó un proceso judicial en el que se presentaron más de 200 objetos recabados en la casa donde fue torturado el agente de la DEA.

Además, de acuerdo con el documento número 88-5421 emitido por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, la principal evidencia en contra del expolicía judicial de Guadalajara consistió en confesiones grabadas en video que le hizo a Abel Reynoso y a José Reyes García, ambos agentes encubiertos de la Administración de Control de Drogas.

Cabellos, fibra de cuerda, alfombras y almohadas fueron presentadas ante la fiscalía estadounidense por Michael Malone, -quien en aquella época se desempeñaba como jefe de la Unidad de Pelos y Fibras del Laboratorio del FBI- luego de que Raúl López Álvarez fuera detenido el 27 de octubre de 1987.

Fueron exactamente dos supuestos cabellos de López Álvarez y algunas declaraciones que ha admitido que son falsas las que el juez Kronstadt ha considerado que no fueron acusaciones creíbles, pese a que en su momento las autoridades las consideraron suficientes para sentenciar al expolicía.

Respecto a las supuestas confesiones con las que López Álvarez “se inculpó”, éstas se realizaron luego de que en una misión secreta de la DEA el expolicía judicial de Guadalajara aseguró que tenía experiencia como sicario para realizar “levantones”, “choques eléctricos” y otras modalidades de tortura que también fueron identificadas en el cadáver de Kiki Camarena.

Incluso, Raúl López se refirió a dichas prácticas como el “Camarena Style”, no obstante, tiempo después admitió que dichas declaraciones fueron “fanfarronerías” que había leído en una revista que contenía información sobre asesinatos y que el objetivo de decirlo fue únicamente “blofear”.

Durante el juicio, el agente de la DEA Abel Reynoso aseguró que había evidencia de que Raúl López había participado directamente en el secuestro e interrogatorio en contra de Enrique Camarena Salazar.

Reynoso también afirmó que el expolicía le había confesado haber golpeado a Kiki Camarena con tubos de hierro que habían sido previamente calentados, además de que la tortura había durado un día entero y parte de la noche.

Dentro de los factores que autoridades sí tomaron como verdaderas para sentenciar al expolicía destacaron su colaboración y cercanía con dos de los cabecillas del Cártel de Guadalajara: Rafael Caro Quintero, mejor conocido como El Príncipe o el Narco de Narcos y Ernesto Fonseca, alias Don Neto.

Sin embargo en el documento 88-5421 del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos consultado por Infobae se detalló que la defensa del expolicía judicial de Guadalajara argumentó que su representado “mintió deliberadamente a Reynoso: fingió que había estado involucrado en el caso Camarena para convencer al agente de que era ‘un narcotraficante de alto nivel asociado con Caro Quintero’”

Por ello, Raúl López Álvarez y sus abogados han argumentado que el tribunal aplicó incorrectamente la doctrina de los rumores, violando así sus derechos bajo la ley federal y la Sexta Enmienda.

Al respecto, el juez federal Kronstadt admitió que en su momento las acusaciones en contra de Raúl López Álvarez estuvieron respaldadas por evidencia creíble y por un jurado que estaría sustancialmente capacitado para creerlas, no obstante, a casi cuatro décadas del crimen, aseguró que las cosas han cambiado.

De acuerdo con un documento judicial difundido por la periodista Laura Sánchez Ley, la mencionada autoridad estadounidense reconoció que el gobierno realmente no pudo probar que se encontraron los cabellos de Raúl López Álvarez en la casa y que, pese a ello, el gobierno persuadió al jurado para que prestaran especial atención en dichas evidencias forenses recabadas por el FBI.

Aunque el controversial caso ha sido abierto nuevamente, el juez federal destacó que independientemente de que las imputaciones en contra de López Álvarez quedaron anuladas, el expolicía judicial de Guadalajara no podrá obtener libertad bajo fianza y tendrá que enfrentar el nuevo juicio desde prisión. Se tiene previsto que el nuevo proceso comience dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la sentencia de John A. Kronstadt.