El apodo de “Porfitrito” retumbó nuevamente en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario habló sobre la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque el presidente López Obrador ya rectificó y ahora recordó que Edmundo Jacobo Molina estuvo “como 14 años o 15 años” en el cargo y no 30 como lo señaló en otras ocasiones, volvió a llamarle ”Porfirito” y aseguró que dejará la secretaría ejecutiva del INE con un finiquito millonario.
“El que se está retirando ahora, que estuvo como 14 o 15 años en el cargo, Porfitiro, este, se va a llevar también más de 10 millones”, dijo el Presidente antes de exhibir la cifra que el secrerario ejecutivo se embolsará al dejar el cargo el próximo 3 de abril y cuestionó los “privilegios” de los que goza un alto funcionario al recibir un trato especial que no reciben otros trabajadores en el país.
El presidente exhibió un cálculo realizado por el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, en donde se señaló que el total del finiquito por 14 o más de estar en este órgano es de 2 millones 325 mil pesos. A este monto se suma el “seguro de separación individualizado” por 8 millones de pesos.
Dijo que al igual que Edmundo Jacobo, los consejeros que también dejan el cargo el próximo 3 de abril se llevarán más de 10 millones de pesos, “pero no han querido informarlo” y olvidan con ello que “una regla de oro de la democracia es la transparencia”.
En este punto presentó también un documento en el que se indicó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova se llevará alrededor de 9 millones de pesos, que es un monto menor al de Edmundo Jacobo porque estuvo menos tiempo en el cargo.
Recordó que durante su gobierno se impulsó una política de austeridad, con la cual se planteó una reducción de los salarios de funcionarios, entre ellos los que integran algunos órganos como el INE.
El mandatario dijo que se gozaba de servicio médico privado, cuyo monto total ascendía a 6 mil millones de pesos; así como de una caja de ahorro, que les permitió llevarse un monto monetario cuando los funcionarios finalizaban sus funciones. No obstante, recordó que aunque su ley de austeridad eliminó ambas medidas, tanto los integrantes del Poder Judicial como los consejeros del INE se ampararon.
Como ejemplo de la relación que hay entre ambos órganos, el presidente López Obrador dijo ante la imposibilidad de poder realizar una reforma constitucional en materia electoral, por no contar con una mayoría calificada, se optó por reformas a leyes secundarias, el conocido Plan B electoral. Estas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, sin embargo, la Suprema Corte otorgó una suspensión contra su aplicación.
“¿Es cierto de que se quiere destruir al INE? No. ¿Es cierto que se afecta la democracia? No. Lo que es cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios. Dos datos: se destinan alrededor de 25 mil millones de pesos al año para los organismos electorales y para los partidos políticos; es donde se gasta más en todo lo que tiene que vr con lo electoral en el mundo”, dijo, todo ello pese a los errores y fraudes que se comenten.
Actualmente, el Plan B electoral se encuentra suspendido en su totalidad por ministros de la Suprema Corte. Mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán frenó la aplicación de las leyes de Comunicaicón Social y de Responsabilidades Administrativas; el ministro Javier Laynez Potisek puso un alto las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial y de los Medios de Impugnación.