Han pasado casi dos años desde que se registró el desplome en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que dejó 26 personas sin vida, y aunque el proceso legal en contra de exfuncionarios encargados de esta obra aún se encuentra en curso, se ratificó una suspensión definitiva con la cual se ordenó al gobierno de Claudia Sheinbaum dar mantenimiento a la totalidad de líneas que conforman el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera, fue quien ratificó la suspensión definitiva a las víctimas de los incidentes ocurridos en mayo de 2021 en la Línea 12 y en enero de 2023 en la Línea 3 del Metro.
El juzgador explicó que esta medida cautelar ordenó que se siga otorgando mantenimiento y supervisión adecuados al Metro capitalino, al determinar que esta medida no afecta el orden público o el interés social, sino que, caso contrario, el propósito es evitar daños a la sociedad.
Dentro de su resolución el juez también rechazó el recurso de revocación contra la suspensión definitiva promovido tanto por el Gobierno de la Ciudad de México como por el Metro capitalino, el cual fue considerado como “infundado”.
Esta suspensión se otorgó inicialmente en febrero pasado, pero autoridades capitalinas presentaron un recurso para frenar la medida cautelar.
Y es que como parte de las pruebas que se presentaron por parte de las autoridades capitalinas para que se le concediera la revocación de la suspensión, se encontraron documentos de diversas acciones de supervisión, corrección, mejora y mantenimiento que se realizaron al Metro, y que en algunos casos, se ejecutaron luego de que se otorgó la medida cautelar.
“Si la suspensión no fue concedida por considerarse cierto que las responsables hayan dado un inadecuado mantenimiento al Sistema Metro - sino porque la medida solicitada no causaría perjuicios al orden público o interés social -, la demostración de acciones de mantenimiento posteriores a la suspensión definitiva son hechos que, si bien pueden considerarse supervenientes, no justifican la modificación de la medida”, se lee en la resolución que emitió el juez.
El juez consieró que la decisión de otorgar la suspensión definitiva es razonable y apegada a Derecho, con el objetivo de que las autoridades responsables sigan ejerciendo sus facultades legales y llevando a cabo acciones necesarias para procurar el mantenimiento adecuado y la operación del STC Metro.
Se señaló que la suspensión definitiva que se otorgó tiene como objetivo que las instalaciones del Metro se encuentren en las mejores condiciones para ofrecer a los usuarios un servicio de transporte eficaz y seguro.
Con ello, también se señaló que de esta forma se reducirá “en todo lo humanamente posible” la existencia de factores ajenos al actuar de las autoridades pudieran derivar en fallas o faltas que mermen el servicio o que afecten la integridad del público usuario del sistema de transporte.
Teófilo Benítez, quien asesora y representa a las víctimas de la Línea 12 y la Línea 3, tanto en el proceso legal en contra de exfuncionarios como en estos llamados de atención hacia las autoridades, dijo que se trató de una decisión razonable por parte del juzgador y reiteró que con ello tanto Claudia Sheinbaum como el director del Metro, Guillermo Calderón, deben actuar para que el servicio en el Sistema de Transporte Colectivo sea adecuado.
“Con esta suspensión se obliga al Metro y al Gobierno a mejorar las tareas realizadas, para que la red del Metro funcione adecuadamente y evite la repetición de otras tragedias que en dos años suman 27 muertos, más de 200 heridos y múltiples y cuantiosos daños materiales”, dijo el abogado de las víctimas.