México redujo presupuesto para castigar la corrupción, reconoció el Senado de la República

La realidad es que en México la corrupción se castiga poco, tanto por la vía administrativa como por la vía penal, esto a pesar a pesar del auge de un enfoque punitivo y la aprobación de reformas en los últimos años, señaló una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD), perteneciente al Senado de la República.

En el estudio titulado ¿Cómo se castiga la corrupción en México?, los resultados revelaron que entre 2014 y 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación por el Ministerio Público federal (PGR/FGR), sin embargo, para el año 2021, en las cárceles de todo el país había sólo 1 mil 465 personas presas por delitos de corrupción (fuero común y del fuero federal),

Esta cifra fue significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en el año 2021 sumaba a más de 125 mil personas presas, mientras que por homicidio estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.

Otro dato relevante fue que en el 2021, ingresaron a las cárceles de todo México 860 personas acusadas por delitos de corrupción, 55% menos que el año anterior en el que fueron recluidas 1 mil 942 personas procesadas, de acuerdo con el estudio del investigador César Alejandro Giles Navarro.

En cuanto a la justicia del tipo administrativo, el estudio señala que las sanciones por faltas graves también han descendido considerablemente pues, entre 2016 y 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron un 71%, mientras que las inhabilitaciones disminuyeron 68% en el mismo periodo.

Según el análisis del Instituto Belisario Domínguez, la disminución de las sanciones contra la corrupción parece tener múltiples causas, entre las que se encuentran la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen atribuciones de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos, además el debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización, así como la integración incompleta de algunas de las instituciones que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción (SFP, INAI y TFJA).

Finalmente, la investigación del Senado de la República considera que más allá de nuevas reformas o castigos más severos, lo que se requiere para combatir este mal es asignar una cantidad razonable de recursos a las instituciones del Estado, así como revisar, fiscalizar y mejorar la actuación de las autoridades que se encargan de hacer cumplir las normas.

Concluyó que se deben fortalecer los presupuestos para los órganos internos de control y los tribunales de justicia administrativa, así como los ministerios públicos y jueces que intervienen en las diferentes etapas del proceso penal.

De acuerdo con el más reciente estudio de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, nuestro país cerró por tercera ocasión con 31 de 100 puntos en el IPC.

Las naciones que más se acercaron a los 100 puntos fueron Dinamarca (90), Finlandia y Nueva Zelanda (87), Noruega (84) y Singapur y Suecia (83).

Por su parte, México compartió puesto con Bolivia, Laos y Uzbekistán en el sitio 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

Comparado con los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó la última posición.

Además, la República Mexicana ocupó el penúltimo lugar en el IPC del llamado G20 - que incluye a las principales economía -, tan sólo superado por Rusia.

Ante el resultado de México en la última edición del estudio, se exhortó a las autoridades a aprovechar el potencial del Sistema Nacional Anticorrupción a fin de orientarlo a la sanción de los grandes casos de corrupción; esto tras considerarlo como la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país.