Fuerzas Armadas están obligadas a rendir cuentas al Poder Civil, insistió Emilio Álvarez Icaza

El senador independiente insistió que no se puede dar un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, por ello destacó que ahora estén obligadas a rendir un informe al Congreso

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 Adán Augusto López, Rosa
Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda, José Rafael Ojeda Durán y Ricardo Mejía Berdeja (Foto: Gobierno de México))

Los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina Armada de México (Semar), Almirante Rafael Ojeda, deberán comparecer ante el Congreso para presentar los informes respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El legislador y ex titular de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, destacó que “en toda Democracia las Fuerzas Armadas están obligadas a rendir cuentas al Poder Civil”.

De acuerdo con el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, en mayo los titulares de la Fuerzas Armadas deberán presentar el primer informe, punto en el que el legislador espera saber cuáles serán las recomendaciones y cuáles son las entidades donde el ejército podría dejar de ser requerido en labores de seguridad pública.

“Decimos que no se puede dar un cheque en blanco a las fuerzas armadas, ahora tendrán que informar cada seis meses y dar indicadores sobre todo el respeto a derechos humanos”, dijo Álvarez Icaza en entrevista con Azucena Uresti.

El legislador resaltó que la Comisión Bicameral fue aprobada este 15 de marzo con dos meses de retraso, no obstante, su integración representa un logro, pues el objetivo es evaluar y dar seguimiento a las tareas de seguridad ciudadana, pues la Guardia Nacional (GN) quedó bajo la administración del Ejército.

Además de citar a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, esta Comisión puede llamar a los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

El senador de Grupo Plural mantuvo sus críticas contra la militarización del país y sus consecuencias, por ello recordó que cinco jóvenes fueron ejecutados en Nuevo Laredo por elementos del Ejército, hecho confirmado por el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

REUTERS/Jasiel Rubio NO RESALES. NO
REUTERS/Jasiel Rubio NO RESALES. NO ARCHIVES

“Los militares se saben impunes cuando violan Derechos Humanos, torturan o asesinan. Y son prácticas actuales. No es un asunto del pasado”, consideró Emilio Álvarez Icaza.

Luego de la polémica del año 2022, cuando el gobierno federal justificó que los titulares de Sedena y Semar no están obligados a comparecer ante el Poder Legislativo, Álvarez Icaza dijo:

“Espero que no vayan a salir otra vez con la evasión de que el secretario de la Defensa y la Marina no pueden comparecer”.

El primer turno de la Comisión será para el Senado

Se determinó que serán nueve los senadores integrantes de la Comisión Bicameral, la cual será presidida por Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena.

La Oficina del Alto Comisionado
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió indagar el uso de la fuerza letal contra 12 civiles en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, EFE/Juan Carlos Cruz/Archivo

Los otros ocho integrantes serán: Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional (PAN); Jorge Carlos Ramírez Marín, del Revolucionario Institucional (PRI); Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC); Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde (PVEM); Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT); Marcela Mora, de Encuentro Social (PES); Miguel Ángel Macera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural.

Las atribuciones de esta Comisión le permitirá requerir los informes que semestralmente debe presentar el presidente de la República al Congreso de la Unión respecto de las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

En este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es necesario recordar que el año pasado el Congreso amplió hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Además del caso de cinco civiles presuntamente muertos de manera extrajudicial por miembros del Ejército en Nuevo Laredo, la Secretaría de la Defensa Nacional enfrenta otra polémica debido a las supuestas labores de espionaje en contra de civiles, entre ellos activistas defensores de Derechos Humanos, periodistas e incluso familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, situación que el propio presidente López Obrador atajó, diciendo que las Fuerzas Armadas solo llevan a cabo tareas de espionaje, pero rechazó llamarlo espionaje.

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